El Vaticano refuerza el control de sus flujos financieros
El Vaticano anunció este sábado un reforzamiento de las medidas de control de los flujos financieros de sus diferentes instituciones, por medio de modificaciones a una ley de 2013.
«Las últimas modificaciones se insertan en una estrategia global cuyo objetivo es hacer cada vez más transparente la gestión de las finanzas vaticanas, en el marco de controles intensos y coordinados», declaró Carmelo Barbagallo, presidente de la Autoridad de Información Financiera (AIF), en una entrevista publicada por el Vaticano.
El AIF, considerada el gendarme financiero del Vaticano, se encarga de controlar los flujos financieros del pequeño Estado, en el marco de la lucha contra el blanqueo de dinero y el terrorismo.
Con las modificaciones serán aún más fuertes «los mecanismos de defensa y control de las instituciones (del Vaticano) que están afectadas de diversas maneras por los flujos financieros», explicó Barbagallo.
«Cada ordenamiento jurídico tiene como tarea fundamental proteger y defender la dignidad de cada persona. En este contexto, gestionar con prudencia y controlar con eficacia no es solo un deber jurídico, sino también moral. Esto es aún más cierto cuando se trata de controles de flujos financieros», añadió.
Un equipo de expertos de Moneyval, el órgano del Consejo de Europa que evalúa las medidas contra el blanqueo de dinero, comenzó hace diez días una inspección de las cuentas del Vaticano, la quinta de ese tipo desde 2012.
Esta inspección ocurre mientras la justicia vaticana lleva un año investigando la opaca financiación por parte de la Santa Sede de la compra de un edificio de lujo londinense.
Hace unas dos semanas, uno de los cardenales más influyentes del Vaticano, el italiano Angelo Becciu, fue además apartado por el papa por sospechas de «malversación de fondos» en favor de sus hermanos. También ocupó un puesto de responsabilidad en la inversión del edificio de Londres.
El papa recordó a los expertos de Moneyval, a quienes recibió hace dos días, que un texto publicado el 19 de agosto obliga a los empleados vaticanistas a denunciar cualquier actividad sospechosa a la AIF.