España defiende ante la ONU 10 años de avances en derechos y logros como la «ley trans»

Antonio Broto

Ginebra, 2 jul (EFE).- El Comité de Derechos Humanos de la ONU inició este miércoles una revisión de la situación de las libertades fundamentales en España, que compareció con representantes de siete ministerios y defendió avances en esta materia a través de medidas como la llamada «ley trans» o la Ley de Garantía de la Libertad Sexual, más conocida como «ley del sólo sí es sí».

La revisión de dos días, séptima a la que se somete España y que cubría el periodo 2015-2025, se abrió con la intervención del embajador de España ante la ONU en Ginebra, Marcos Gómez, quien comenzó recordando que en 2023 el Gobierno adoptó el segundo Plan Nacional de Derechos Humanos, vigente hasta 2027.

Dicho plan «incorpora de manera transversal la igualdad de mujeres y hombres, así como la no discriminación» y reconoce la importancia del Defensor del Pueblo como «actor independiente, con sus propios recursos y competencias en materia de seguimiento de los derechos humanos», subrayó.

También ese año se adoptó la Ley para la Igualdad Real y Efectiva de las Personas Trans y para la Garantía de los Derechos LGTBI («ley trans»), que entre otros aspectos limita la intervención médica en los procedimientos para cambio de sexo en el registro o elimina la obligatoriedad de mayoría de edad para estos trámites, prohibiendo además las denominadas terapias de conversión.

El jefe de la delegación española destacó por otro lado el refuerzo del marco penal contra los delitos de odio, ampliando las causas de discriminación reconocidas a colectivos como las personas de pocos recursos (aporofobia), los mayores o los gitanos, y fortaleciendo el Observatorio Español de Racismo y Xenofobia.

Violencia de género

Por otro lado, «España sigue firmemente comprometida en la lucha para poner fin a la violencia contra las mujeres», afirmó Gómez, quien destacó que la «ley del sólo es sí» ha buscado avanzar en esta lucha «situando el consentimiento en el centro» y «ampliando las medidas de prevención, atención y reparación».

España por otro lado ha iniciado mejoras en las condiciones en los centros de internamiento de extranjeros y los de estancia temporal de migrantes, «habilitando módulos específicos para mujeres y familias y eliminando situaciones de hacinamiento», señaló el embajador.

Gómez también subrayó que España prepara una futura ley integral contra la trata y afirmó que la Ley de Memoria Democrática «ha consolidado el derecho a la verdad, la justicia y la reparación de las víctimas de la Guerra Civil y la Dictadura».

Tras esta intervención, miembros del Comité de la ONU, formado por 18 miembros y presidido por el surcoreano Soh Changrok, expusieron diversas preocupaciones sobre la situación de las libertades fundamentales en España y plantearon diversas dudas a la delegación española.

Los miembros del comité expresaron en este sentido su inquietud por el aumento de los delitos de odio y los discursos discriminatorios en la vida pública, algo que ya advirtió el Defensor del Pueblo en su informe anual de 2021.

El chileno Hernán Quezada, vicepresidente del comité, recordó que este grupo de expertos emitió en este periodo varios dictámenes, no vinculantes, contra decisiones de la Justicia española, como la condena contra el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón por las escuchas del caso Gürtel o la suspensión de funciones públicas de los líderes del «procés», y preguntó en qué medida se habían tenido en cuenta.

Dudas sobre la «ley trans»

Respecto a la «ley trans», los miembros del comité subrayaron que algunas voces han cuestionado su efectividad particularmente con las identidades no binarias, limitando la autodeterminación sólo a las opciones hombre y mujer.

Frente al avance positivo que, reconocieron, supone la Ley de Memoria Democrática, los expertos lamentaron que no se haya derogado la Ley de Amnistía de 1977, lo que en su opinión frena el derecho a la verdad y la reparación de las víctimas del franquismo.

Por otro lado, expresaron su preocupación por las contradicciones de las llamadas «leyes de concordia» dictadas por comunidades autónomas como Aragón, la Comunidad Valenciana o Castilla y León, «que omiten las graves violaciones cometidas durante la dictadura».

«Preocupa también al comité el auge de discursos de odio neofascistas», agregaron los expertos, quienes subrayaron su proliferación entre los más jóvenes, en determinadas manifestaciones y en medios de comunicación. .

El comité vigila el cumplimiento del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, una de las principales legislaciones de derechos humanos, entre los países firmantes, España entre ellos, y emite recomendaciones al término de estas revisiones periódicas.

La delegación española incluye representantes de los ministerios de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación; Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes; Interior; Sanidad; Igualdad; Inclusión, Seguridad Social y Migraciones; y Juventud e Infancia. EFE

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