Familias de 4 menores desaparecidos en Ecuador claman justicia ante Corte Constitucional
Guayaquil (Ecuador), 21 nov (EFE).- Los familiares de los cuatro menores de edad afrodescendientes que fueron detenidos de manera irregular por militares, y cuyos cuerpos aparecieron posteriormente calcinados y con impactos de bala, llevaron este viernes su pedido de justicia ante la Corte Constitucional.
«Nosotros lo que queremos es justicia, saber la verdad», dijo a EFE Luis Arroyo, padre de Ismael y Josué Arroyo, de 15 y 14 años, quienes junto a sus amigos Saúl Arboleda, de 15, y Steven Medina, de 11, fueron detenidos la noche del 8 de diciembre de 2024, por dos patrullas militares en los exteriores de un centro comercial, cerca del barrio Las Malvinas, donde ellos vivían.
Posteriormente fueron llevados a la zona de Taura, a unos 40 kilómetros de Guayaquil, cerca de una base de la Fuerza Aérea Ecuatoriana y sus familiares no volvieron a saber de ellos hasta días después, cuando la Fiscalía les informó que unos restos calcinados encontrados en una zona rural cercana a donde fueron vistos por última vez eran de los menores.
Diecisiete militares están procesados por la presunta desaparición forzada de los niños y el juicio penal está en marcha desde el 5 de noviembre.
De forma paralela, el caso llegó a la Corte Constitucional por medio de una acción extraordinaria de protección interpuesta por el Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos (CDH) de Guayaquil, organización que defiende a las familias, quienes buscan que los jueces reconozcan que se vulneraron los derechos de los niños y de sus familiares, y que la actuación de los militares constituyó una desaparición forzada.
«Queremos saber qué hicieron con nuestros hijos y por qué lo hicieron», clamó Johana Arboleda, madre de Saúl, rodeada de otros familiares que tenían carteles con frases como ‘Ni perdón ni olvido’.
Fernando Bastias, abogado del CDH, explicó a EFE que la causa nació después de que un tribunal revocó en mayo un hábeas corpus dictado en diciembre, por medio del cual se declaró la desaparición forzada y se ordenó la creación de una comisión que investigue los hechos independientemente del proceso judicial, entre otras medidas.
Bastias resaltó que esta es la primera vez que un caso de desaparición forzada llega ante la Corte Constitucional y que la decisión puede marcar un precedente, ya que establecería lineamientos de actuación del Estado frente otros casos.
El abogado afirmó que los defensores del Ministerio de Defensa y de Interior, y de la Policía y las Fuerzas Armadas pidieron que no se acepte este recurso, pues alegaron que el objetivo del hábeas corpus ya se había cumplido al existir una investigación penal en curso. Sin embargo, Bastias indicó que ambos procesos tienen finalidades distintas.
En la audiencia también participaron especialistas en derechos humanos y organizaciones como Amnistía Internacional, quienes informaron a los jueces cuáles son los protocolos y estándares internacionales que existen con relación a casos de presunta desaparición forzada y cuando están involucrados niños, niñas y adolescentes.
También intervino Diana Roca en representación de 43 familias que denuncian tener parientes que desaparecieron presuntamente en manos de soldados desde el inicio del «conflicto armado interno», declarado en enero de 2024 por el presidente Daniel Noboa, para intensificar la lucha contra el crimen organizado.
Roca aseguró que los militares siguen allanando sus viviendas para coaccionarlos y que han declarado como clasificada la información relacionada con sus familiares.
Aunque no hay tiempo estimado en el que la Corte deba pronunciarse, las familias esperan que la decisión llegue antes de fin de año. EFE
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