Fiscalía colombiana investiga a cantante de vallenatos por concierto a narcos en prisión
Bogotá, 14 abr (EFE).- La Fiscalía colombiana abrió una investigación preliminar contra el cantante de vallenatos Nelson Velásquez por el delito de enriquecimiento ilícito, tras su actuación en una fiesta organizada por narcotraficantes en la cárcel de máxima seguridad de Itagüí, en el departamento de Antioquia (noreste).
La investigación busca establecer el origen del dinero con el que fue financiado el concierto del artista, tras encontrar indicios de actividades ilícitas vinculadas a grupos criminales que operan en la ciudad de Medellín y su área metropolitana.
Paralelamente, la Fiscalía abrió otra investigación por un posible delito de «prevaricato por omisión», una figura que sanciona a servidores públicos que incumplen deliberadamente sus deberes legales, contra los funcionarios del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) que permitieron el ingreso irregular del cantante y su equipo a la cárcel.
Los hechos ocurrieron el pasado 8 de abril, cuando Velásquez participó en una fiesta dentro de uno de los pabellones de la prisión, donde permanecen recluidos reconocidos jefes criminales condenados, entre otros delitos, por narcotráfico y extorsión.
Según las primeras versiones, el festejo fue organizado para celebrar el cumpleaños de un cabecilla conocido con el alias de Pocho, así como la posible salida de prisión de otro interno identificado como alias Lindolfo.
Imágenes difundidas en redes sociales muestran al artista interpretando sus canciones en la fiesta en la que también hubo consumo de bebidas alcohólicas.
Las autoridades ordenaron inspecciones en la cárcel con el fin de recolectar pruebas que permitan determinar si hay que abrir una investigación formal contra el cantante y otros posibles implicados.
En respuesta al escándalo, el Gobierno del presidente Gustavo Petro ordenó el lunes el traslado de varios de los cabecillas involucrados a cárceles en Bogotá y suspendió temporalmente la mesa de diálogo sociojurídico que el Ejecutivo sostenía con grupos criminales en Medellín y el Valle de Aburrá.
Por su parte, el Inpec retiró provisionalmente de sus cargos a once funcionarios mientras avanzan las investigaciones y efectuó operaciones en las que incautó teléfonos móviles, licor, drogas y diversos equipos electrónicos no autorizados dentro del penal. EFE
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