Fiscalía de Perú presenta nueva denuncia contra el expresidente Castillo y 24 congresistas

Lima, 26 jul (EFE).- La Fiscalía de Perú presentó este viernes una denuncia constitucional ante el Congreso contra el expresidente Pedro Castillo (2021-2022) y 24 legisladores por presuntamente haber conformado una red criminal encargada de negociar votos en el Parlamento a cambio de licitaciones y contrataciones públicas en ministerios y organizaciones del Estado.

Las denuncias constitucionales son un procedimiento especial que se aplica a los altos funcionarios del Estado peruano con inmunidad, entre ellos el presidente, y deben recibir luz verde del Congreso para que la cámara recomiende acusar a la persona investigada antes de continuar con el proceso judicial.

En este caso fue presentada a través del Área de Enriquecimiento Ilícito y Denuncias Constitucionales de la Fiscalía por la presunta comisión de los delitos de organización criminal, tráfico de influencias y colusión agravada, informó el Ministerio Público en un comunicado.

Castillo es considerado el líder de una presunta red criminal integrada supuestamente por 15 congresistas del partido centrista Acción Popular, a los que se denomina ‘Los Niños’, y 9 de las bancadas izquierdistas de Perú Libre y el Bloque Magisterial.

Además, se ha incluido a exministros de Estado, como Juan Silva, quien fue titular de Transportes y Comunicaciones; Jorge Luis Prado, exministro de la Producción, y Betssy Chávez, quien fue su ministra de Trabajo y Promoción del Empleo y también primera ministra de Castillo, inmersa asimismo en el juicio por el fallido intento de golpe de Estado de diciembre de 2022.

A Silva se acusa del delito de organización criminal, tráfico de influencias y colusión agravada, a Prado de organización criminal y negociación incompatible, y a Chávez de negociación incompatible.

Según la denuncia, la organización negociaba votos parlamentarios «a cambio de direccionar licitaciones y contrataciones públicas» en los ministerios de Transportes y Comunicaciones, Vivienda, Construcción y Saneamiento, y Producción, así como en organismos como la superintendencia de Migraciones, Policía Nacional y la Empresa Nacional de Puertos.

Hasta el momento, unos de los principales investigados por este caso ha sido el exministro Silva, quien permanece prófugo de la justicia desde que en marzo de 2023 se dictó 36 meses de prisión preventiva en su contra, tras ser denunciado por presuntamente liderar una mafia para el cobro de sobornos en la adjudicación de obras públicas.

A raíz de este caso y otros de presunta corrupción denunciados desde el inicio de su gobierno, Castillo afrontó una moción de vacancia (destitución) ante el Congreso y debía asistir al pleno a exponer su defensa en diciembre de 2022, pero, en su lugar, intentó dar un golpe de Estado, que no recibió ningún respaldo.

Poco después fue destituido del cargo y reemplazado por su entonces vicepresidenta, Dina Boluarte, lo que desató masivas protestas que se extendieron por casi tres meses y dejaron más de medio centenar de fallecidos.

Castillo es enjuiciado actualmente por la presunta comisión del delito de rebelión por su fallido golpe de Estado, por el que la Fiscalía pide que sea condenado a 34 años de cárcel, mientras que también solicita que se impongan 25 años de prisión a Chávez. EFE

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