Foro de Salud rechaza la «militarización» de departamento de El Salvador
San Salvador, 2 ago (EFE).- El Foro Nacional de la Salud (FNS) de El Salvador rechazó la «militarización» del departamento de Cabañas (norte) con 7.000 agentes de la Fuerza Armada y 1.000 de la Policía por ser una «amenaza» a los derechos humanos de sus habitantes, de acuerdo con un comunicado compartido en sus redes este miércoles.
«El Foro Nacional de Salud manifiesta su rechazo y preocupación ante el cerco militar impuesto en todo el departamento de Cabañas», indicó en la misiva y señaló que «la presencia de fuerzas armadas ha generado una situación de zozobra y preocupación en la población, ante la amenaza de vulneración de sus derechos».
Indicó que este movimiento, no gubernamental, no se opone a la «persecución del delito, pero exigimos que se respeten los derechos fundamentales de la población, que se garantice el acceso a la justicia y la protección legal de todos los habitantes».
«Rechazamos que se vulneren los derechos de las personas en nombre de la seguridad, así como cualquier forma de abuso de poder o detenciones arbitrarias», indicó el FNS.
El ente llamó a las autoridades a que, «en lugar de recurrir a la militarización, se enfoquen en desarrollar una estrategia integral de prevención y promuevan la construcción de comunidades sanas y libres de todo tipo violencia».
Los agentes de las fuerzas de Seguridad fueron desplegados en Cabañas, ubicado a más de 80 kilómetros de la capital San Salvador, lo que lo convierte en el primer departamento en ser «cercado» en su totalidad para supuestamente detener a los remanentes de las pandillas que habrían huido de las ciudades a la zona rural.
Esto se da en el contexto del régimen de excepción, implementado desde marzo de 2022 como una estrategia del Gobierno del presidente Nayib Bukele para combatir a las pandillas. Anteriormente, se han militarizado dos municipios -en el centro y norte del país- y tres comunidades de San Salvador.
Durante dicho régimen, que suspende algunas garantías constitucionales y en la que organizaciones han denunciado más de 13.000 «hechos violatorios» de derechos humanos contra población «inocente», las autoridades han informado de más de 71.000 detenciones. EFE
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