Indígenas de Guatemala rechazan caso por tierras que tramita la CorteIDH
San José, 9 mar (EFE).- Miembros de la comunidad indígena guatemalteca de Agua Caliente, se presentaron este miércoles a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) para expresar su oposición a un caso que el tribunal tramita contra el Estado guatemalteco por titulación de tierras.
Se trata de Alfredo Chub Chub, quien se identifica como alcalde comunitario y guía de la comunidad de Agua Caliente; Carlos Asig, hijo del fundador de la comunidad; Pedro Quinich, anciano fundador del pueblo, acompañados por Romel Reyes, representante de la Asociación Sa’ Komonil.
Según Chub Chub, el Estado le dio la titulación de tierras a las 64 familias de Lote 9 de Agua Caliente y la comunidad, situada en El Estor, Guatemala, apoya el trabajo de una empresa minera en la zona, todo lo contrario a lo que expuso la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en la demanda presentada ante la CorteIDH.
Los indígenas desacreditaron a Rodrigo Tot como representante de la comunidad y quien es el que ha establecido el proceso internacional contra el Estado de Guatemala.
Romel Reyes dijo a Efe que el objetivo de la visita a la CorteIDH, con sede en Costa Rica, es entregar un pronunciamiento, con el fin de que se escuche “a los líderes legítimos” de la comunidad y el caso contra el Estado se cierre.
“La comunidad no quiere problemas con el Estado de Guatemala y está buscando el desarrollo porque atraviesa problemas de pobreza, pobreza extrema, los servicios públicos no llegan y cree que estar en polémicas con el Estado no le beneficia a nadie”, explicó Reyes.
El pasado 9 de febrero representantes de la comunidad indígena Maya Q’eqchi’ de Agua Caliente solicitaron en una audiencia ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos garantizar la propiedad colectiva de sus tierras ancestrales y poder decidir sobre éstas, mientras que el Estado solicitó desestimar el caso.
Este miércoles se cumple el plazo de un mes para que las partes involucradas entreguen los alegatos escritos finales y a partir de entonces la Corte podrá emitir una sentencia en los próximos meses.
El caso se refiere a la presunta responsabilidad internacional del Estado de Guatemala en perjuicio de la comunidad de Agua Caliente por la falta de legislación interna para garantizar su derecho a la propiedad colectiva tras 40 años de solicitudes y la ausencia de recursos adecuados para demandar el amparo de sus derechos.
La demanda también señala el establecimiento de un proyecto minero de níquel a cielo abierto en el territorio indígena, sin una consulta adecuada a la comunidad.
El agente del Estado, Jorge Donado Vivar, dijo en la audiencia de febrero pasado que las comunidades indígenas fueron consultadas en el 2021 sobre la mina y que el Estado no ha vulnerado los derechos de las comunidades.
El representante afirmó que el Estado ha hecho un “esfuerzo significativo para garantizar la protección legal efectiva de las comunidades indígenas”. EFE
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