Irak incumple las leyes de empleo para personas con discapacidad, dice Human Rights Watch

El Cairo, 4 jun (EFE).- La organización de derechos humanos Human Rights Watch (HRW), ha denunciado este martes en un comunicado que Irak no está cumpliendo con la cuota mínina del 5 % de su propia normativa que garantiza el derecho al trabajo de las personas con discapacidad en el sector público.

Sarah Sanbar, investigadora de Irak para Human Rights Watch, aseguró en la nota que «la brecha entre la ley y la práctica deja a cientos de miles de iraquíes con discapacidad luchando para ganarse la vida», debido a que estas promesas de Irak y del Gobierno Regional del Kurdistán (KRG) para emplear a estas personas «no se traducen en oportunidades laborales reales».

La Región del Kurdistán de Irak (KRI) registra a 77.065 personas con discapacidad, de las cuales 13.249 están empleados en el sector público a finales de 2022, lo que representa tan solo el 2 % del total de los 658.189 desempleados, según un documento compartido por un representante del KRG.

El Gobierno iraquí no recopila estadísticas sobre la población en general ni sobre la tasa de desempleo, lo que dificulta el seguimiento de las leyes laborales del país.

En cuanto al sector privado, el Gobierno de Irak fija el 3 % mínimo de empleados con discapacidad, mientras que el Gobierno Regional de Kurdistán fomenta el empleo de este colectivo subvencionando sus salarios durante tres meses.

El Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad estimó que Irak tenía una de las poblaciones con mayor numero de discapacitados del mundo en 2019, con un total de casi 3 millones de personas a causa de todas las décadas de conflicto armado que ha sufrido el país.

Asociaciones y colectivos locales de personas con discapacidad culpan a la Comisión de Atención a Personas con Discapacidad y Necesidades Especiales, adjunta al Ministerio de Empleo y Asuntos Sociales, que debería encargarse de que se cumpla esta ley.

Dhikra Abdel Rahim, director de dicha comisión, aseguró a HRW que este organismo carece de autoridad para hacer cumplir la ley y dependen de ministerios gubernamentales que no están cumpliendo con sus obligaciones.

En el sector privado, aquellas empresas que no cumplan con el 3 % de la cuota de empleo están sujetos a una sanción de 500.000 riales (352 euros), aunque, según Abdel Rahim, nunca se ha llegado a aplicar esta multa. EFE

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