Jorge Galindo: «Hay regulaciones en la UE que hacen difícil movilizar nueva vivienda»
Bruselas, 24 mar (EFE).- El sociólogo Jorge Galindo advirtió este martes de que las normativas de la Unión Europea «hacen difícil movilizar nueva vivienda» ante un problema de escasez, y llamó a todas las administraciones a llevar a cabo una «auto auditoría regulatoria» para no situar otras prioridades por encima de la vivienda.
«Hay varias regulaciones en la Unión Europea que probablemente hacen más difícil movilizar nuevos proyectos de vivienda o más fácil paralizar nuevos proyectos, y muchas de ellas son del ámbito ambiental», dijo Galindo en conversación con EFE tras la presentación de su libro ‘Tres millones de viviendas’ en el Parlamento Europeo, en Bruselas.
«No es una cuestión de renunciar jamás a la protección ambiental en este tipo de regulaciones, sino de ver cómo está diseñada», matizó.
Galindo explicó que España y la UE cuentan con demasiados «puntos de veto» que «ralentizan» la construcción de nuevos inmuebles, cuando «el problema central es la escasez», principal causante de la actual crisis de acceso a la vivienda.
Una sociedad civil orientada al «no»
«En Europa en general y en España en particular tenemos una sociedad civil demasiado orientada hacia el no, hacia la paralización, que está facilitado puntos de veto que tiran para atrás proyectos; y necesitamos una regulación que compense esto y que facilite también la intervención e incentivo en la entrada de una sociedad civil orientada hacia el sí», dijo.
Por ello, el sociólogo subrayó que tanto las administraciones estatales, regionales y locales como las comunitarias deben introducir «una pieza» en sus regulaciones sobre vivienda, que sería una «auto auditoría interna» por la que cada administración supervise sus normas y restablezca sus prioridades, «para designar qué es importante y prioritario por encima de otras cosas».
Sobre las limitaciones de oferta residencial a largo plazo a raíz del elevado peso del alquiler turístico, Galindo consideró prioritario diseñar «un impuesto» a las plataformas orientadas a las estancias cortas, que derivaría en un «esperado» efecto en la oferta final, en lugar de limitar la concesión de licencias, que es «más difícil de controlar».
En el acto, celebrado en la Eurocámara y moderado por el vicepresidente de esta institución, Javi López (S&D), también participó la presidenta de la Comisión Especial sobre crisis de la vivienda del Parlamento, Irene Tinagli (S&D), que dijo que la UE trabaja para crear «un marco europeo» que aporte «claridad legislativa» a las administraciones locales para que puedan legislar en las limitaciones de alquileres de uso turístico.
«Es un tema que todas las ciudades turísticas o las grandes ciudades europeas están enfrentando. Están dando respuestas distintas de manera no coordinada y, de vez en cuando, se encuentran problemas ante un tribunal local. Eso crea mucha incertidumbre y no da las herramientas a los administradores», aseguró.
«Bonos de densidad» para la vivienda pública
Ante la escasez de vivienda pública, que especialmente afecta a España (con un 2 % de parque de vivienda pública frente al 10,5 % de promedio europeo), Galindo propuso que las administraciones locales y autonómicas pongan en marcha los «bonos de densidad».
Estas concesiones ofrecidas por los entes locales permiten a desarrolladores inmobiliarios acceder a un incremento en la superficie de construcción y en el número de viviendas (mayor densidad) a cambio de contribuciones para beneficio público, por ejemplo, reservando parte de la edificación a vivienda social.
Sobre este asunto, Tinagli abogó por utilizar el mercado único para «adoptar definiciones más homogéneas» que permitan «atraer capitales» y conformar «una plataforma paneuropea» que financie proyectos de vivienda social mediante criterios claros y garantías públicas de fondos europeos, principalmente del Banco Europeo de Inversiones (BEI).
En este sentido, Galindo remarcó que, si bien en algunos ámbitos como la limitación de pisos turísticos la UE «tiene menos que hacer» por sus competencias, «sí tiene mucho más que hacer» para movilizar fondos e inversión para vivienda. EFE
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