La CIJ evalúa las obligaciones de Israel hacia la UNRWA y la ayuda como potencia ocupante
Imane Rachidi
La Haya, 21 oct (EFE).- La Corte Internacional de Justicia (CIJ) dictará este miércoles su opinión sobre las obligaciones de Israel, como miembro de la ONU y “potencia ocupante” de los territorios palestinos, hacia las agencias humanitarias, en especial la UNRWA, que el Gobierno israelí mantiene vetada pesé a los llamamientos a permitir el acceso de ayuda a Gaza.
Delegados de unos 40 países y organismos internacionales comparecieron en abril ante el máximo tribunal de Naciones Unidas para exponer lo que consideran las responsabilidades legales de Israel respecto a la presencia y las actividades de la ONU, otras agencias y Estados en los territorios ocupados, para ayudar a los jueces a deliberar la opinión consultiva solicitada por la Asamblea General.
Durante las audiencias, la ONU recordó que Israel está obligado a “aceptar y facilitar” la asistencia y que, “si duda de la imparcialidad” de una agencia, no puede bloquearla sin antes dialogar con las organizaciones implicadas.
Insistió en que la ocupación es ilegal, que el derecho internacional prohíbe la anexión por la fuerza y que Israel “no tiene derecho a soberanía” sobre ningún territorio palestino.
«Gaza, una fosa común»
Palestina denunció que Israel está “convirtiendo Palestina, en particular Gaza, en una fosa común para palestinos y para quienes van en su ayuda”, y que obstaculizar la labor de las agencias humanitarias forma parte de una política de “borrado y desplazamiento forzado”.
Israel no participó en las audiencias, pero envió observaciones escritas defendiendo que cumple el derecho internacional, aunque eso “no es un pacto suicida”.
Consideró que cooperar con la UNRWA supone “aceptar un riesgo grave” para su seguridad, al acusar a varios empleados de la agencia de haber participado en el ataque de Hamás del 7 de octubre de 2023.
La ONU investigó esas acusaciones y señaló que nueve empleados “pudieron” estar implicados, pero aclaró que no pudo verificar de forma independiente las pruebas aportadas por Israel.
Para entonces, Israel ya había vetado a la UNRWA operar en territorio israelí, lo que redujo sus actividades en Gaza y Cisjordania ocupada, dada su dependencia de la coordinación con las autoridades israelíes.
Sudáfrica denunció que el mundo “no puede aceptar” una realidad en la que Israel “mata deliberadamente de hambre a una población civil entera”, “expulsa a la ONU” y “asesina y entierra en fosas comunes” a periodistas y humanitarios.
Colombia, España, México
Colombia y México coincidieron en que la labor de la UNRWA es “irremplazable” y que Israel usa el hambre “como método de guerra”.
España recalcó que la ilegalidad de la ocupación no exime a Israel de sus deberes hacia la población civil y “no tiene derecho a revocar unilateralmente” el acuerdo con la agencia que asiste a refugiados palestinos.
Estados Unidos sostuvo que Israel no está obligado a cooperar con la UNRWA dadas las “preocupaciones serias y creíbles” del Gobierno de Benjamín Netanyahu sobre esta agencia y que la “UNRWA no es la única opción” para asistir a Gaza.
La Corte Penal Internacional (CPI) emitió en noviembre pasado una orden de arresto contra Netanyahu por crímenes de guerra y lesa humanidad, incluido el uso del hambre como arma de guerra contra la población civil.
Mientras, Reino Unido insistió en el acceso “rápido y sin obstáculos” de la ayuda, así como en la necesidad de autorizar las visitas del Comité Internacional de la Cruz Roja a los palestinos detenidos en cárceles israelíes.
Rusia consideró el veto a la UNRWA “un precedente peligroso” al permitir que un país “desmantele” una agencia de la ONU al considerarla “incómoda”; y China defendió que esta organización es la “columna vertebral” de la ayuda en Palestina, recordando que Israel “no puede ejercer soberanía” en los territorios palestinos.
Presión internacional
Aunque la opinión de la CIJ no será jurídicamente vinculante, su peso político y simbólico aumenta la presión internacional sobre Israel, mientras la ONU advierte de que el flujo de ayuda alimentaria a Gaza sigue “muy por debajo de lo necesario” y los convoyes humanitarios continúan siendo retrasados o bloqueados en los pasos fronterizos hacia Gaza.
Pese al alto el fuego desde el 10 de octubre, Israel bombardeó el domingo varios puntos en la Franja y mató a decenas de personas como respuesta a lo que interpretó como una “violación” del acuerdo por parte de Hamás, después de unos enfrentamientos en la zona de Rafah, (sur) que dejaran dos militares israelíes muertos.
La de mañana será la tercera opinión que la CIJ emite sobre la presencia israelí en Palestina.
El año pasado consideró que las políticas de asentamientos israelíes “violan el derecho internacional” y la «presencia continua» de Israel en Palestina es «ilegal”, por lo que le exigió la “evacuación de todos los colonos”, y la devolución de tierras a sus residentes originales desplazados desde 1967.
En 2004, confirmó la ilegalidad del muro de separación. EFE
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