La Defensoría del Pueblo de Colombia rechaza la presencia de grupos armados en escuelas
Bogotá, 24 abr (EFE).- La Defensoría del Pueblo de Colombia aseguró este viernes que la presencia de grupos armados ilegales en escuelas de los departamentos de Nariño y Cauca (suroeste) es una grave «vulneración del derecho a la educación» y pidió al Gobierno que garantice la protección de las comunidades y la seguridad en los entornos escolares.
El pasado lunes, miembros de una disidencia de las antiguas FARC ingresaron a un colegio rural del municipio de Policarpa, en Nariño (fronterizo con Ecuador), para entregar útiles escolares a niños en una actividad de «propaganda».
Un día después se difundieron videos en los que se ve a otro grupo armado de las disidencias acampando en un colegio del Cauca.
Esto alertó a la Defensoría del Pueblo, que recordó que la presencia de estas organizaciones criminales «genera miedo, inseguridad y presión sobre niñas, niños y adolescentes», lo que aumenta la deserción escolar y afecta el derecho a la educación.
«Esta exposición incrementa los riesgos de reclutamiento, violencia sexual y otras afectaciones en el marco del conflicto armado, profundizando su vulnerabilidad y debilitando las garantías para su desarrollo integral», dijo la entidad en un comunicado.
Además recordó que los grupos armados ilegales están obligados a respetar las normas del Derecho Internacional Humanitario (DIH), por lo que deben abstenerse de ocupar espacios civiles, como las escuelas, y no provocar riesgos para la población civil, en particular a niños y niñas.
«Resulta urgente que el Gobierno Nacional y las entidades territoriales adopten medidas integrales y sostenidas que garanticen la protección de las comunidades y la seguridad en los entornos escolares», añadió la Defensoría del Pueblo.
En el primer trimestre de este año la entidad identificó 19 casos de reclutamiento de niñas y niños en los departamentos Norte de Santander (noreste), Antioquia (noroeste) y Caquetá (sur).
Asimismo, entre enero y diciembre de 2025 fueron contabilizados 361 reclutamientos de menores, de los cuales el 57 % corresponde a niños y el 54 % hace parte de comunidades indígenas.
La Defensoría del Pueblo afirmó que el futuro de estos niños «no debe ponerse en riesgo» y solicitó a los candidatos para las elecciones presidenciales del próximo 31 de mayo que implementen propuestas para proteger a los menores del conflicto armado. EFE
nav/joc/gad
