La Eurocámara votará si objeta al nuevo pacto comercial UE-Marruecos tras sentencia Sahara
Bruselas, 20 nov (EFE).- El Parlamento Europeo votará la semana próxima si objeta al acuerdo de asociación revisado entre la Unión Europea (UE) y Marruecos y, en particular, a la propuesta sobre el etiquetado de origen de las frutas y hortalizas procedentes del Sáhara Occidental, al considerarlo contrario al criterio de la Justicia europea y perjudicial para los agricultores europeos.
La votación se celebrará el próximo miércoles en el pleno de la institución en Estrasburgo (Francia) y, de prosperar, impediría la entrada en vigor del acuerdo que tuvo que ser revisado después de que lo anulara el Tribunal de Justicia de la UE.
Eurodiputados de diferentes partidos se mostraron críticos con el pacto este miércoles en la Comisión de Agricultura del Parlamento Europeo, donde una representante de la Comisión Europea dio detalles sobre el reglamento para la aplicación de las normas sobre el comercio entre la UE y Marruecos de frutas y hortalizas originarias del Sáhara Occidental.
La alta funcionaria, la directora general adjunta de Agricultura, Brigitte Misonne, se centró en la necesidad de diferenciar el territorio aduanero marroquí y el territorio aduanero del Sáhara Occidental, que obliga a indicar el origen de los productos, y en los controles de conformidad.
Sobre el primero, explicó que en las normas de comercialización de frutas y verduras, que obligan a indicar el país de origen, se ha tenido que «introducir una excepción» para ajustarse a lo que dice el Tribunal de la UE. La solución negociada con Marruecos implica que «solo se indicará la región de origen, no el país, para los productos originarios del Sáhara Occidental».
De esa manera, precisó, «los productos procedentes de Marruecos llevarán la denominación de origen ‘Marruecos’, mientras que las frutas y verduras originarias del Sáhara Occidental llevarán la denominación de la región: El Aaiún-Saguía el-Hamra y Dajla-Río de Oro».
En cuanto a los controles de conformidad, Misonne dijo que el reglamento delegado contempla la posibilidad de autorizar a Marruecos a realizarlos a productos originarios del Sáhara Occidental, siempre que las autoridades competentes marroquíes formulen las solicitudes y ofrezcan garantías suficientes sobre su capacidad para llevarlas a cabo.
Todos los grupos que se pronunciaron en la comisión de Agricultura este jueves lo hicieron en contra de los términos que planteó la Comisión Europea, desde las acusaciones de «descaro absoluto al ignorar las sentencias judiciales» del popular italiano Herbert Dorfmann hasta la queja de Mireia Borrás, de Vox, que dijo que Bruselas «se ha acostumbrado a traicionar a los agricultores europeos».
«Creemos que lo que está haciendo la Comisión incumple la sentencia del TJUE. Es inmoral. Los derechos de los consumidores en Europa no pueden ser objeto de negociación. No estamos aquí para complacer a otros países o a empresas multinacionales», dijo Borrás, cuyo grupo ha promovido la objeción.
En el extremo contrario del espectro político, el eurodiputado austríaco de los Verdes Thomas Waltz se preguntó «quién conoce en la Unión Europea estos dos nombres árabes de dos regiones» y pidió transparencia en el etiquetado. «Cuando se trata de productos agrícolas del Sáhara Occidental, (…) de ahí vienen y así es como deben etiquetarse», dijo.
También la eurodiputada irlandesa de La Izquierda Lynn Boylan preguntó por qué la política interna de la UE sobre etiquetado queda en este caso supeditada a un acuerdo con Marruecos y advirtió de que este acuerdo revisado podría acabar una vez más en los tribunales.
Precisamente también este mismo jueves la Coordinadora Europea Vía Campesina envió una carta a los eurodiputados de la Comisión de Agricultura advirtiendo de «los peligros que entraña» ese acuerdo revisado «para los agricultores europeos y los derechos humanos», dijeron en un comunicado.
Los agricultores de ese colectivo instaron a los eurodiputados a oponerse a la revisión y a la propuesta de reglamento delegado al considerar que «viola la sentencia del Tribunal de Justicia de la UE», altera las normas de comercialización europeas y crea una «competencia desleal». EFE
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