La Justicia declara la quiebra definitiva de la telefónica brasileña Oi
Río de Janeiro, 10 nov (EFE).- El Tribunal de Justicia de Río de Janeiro declaró este lunes la quiebra definitiva de la telefónica brasileña Oi, que fue una de las mayores de Brasil, pero hoy tan solo ofrece algunos servicios limitados, tras el fracaso de los dos procesos de recuperación judicial con los que intentó salvarse.
La quiebra fue determinada por la jueza séptima empresarial del Tribunal de Justicia de Río, Simone Gastesi Chevrand, tras constatar la insolvencia técnica y patrimonial de la empresa de telecomunicaciones luego de diez años de infructuosos procesos de recuperación judicial.
Según la jueza, Oi acumula deudas por unos 1.700 millones de reales (unos 320,2 millones de dólares o unos 276,9 millones de euros), pero sus ingresos brutos mensuales no llegan a 200 millones de reales (unos 37,7 millones de dólares) y su patrimonio es negativo y está comprometido con el pago de antiguas obligaciones.
Según su sentencia, la empresa está «técnicamente arruinada» y sin viabilidad económica para cumplir sus obligaciones financieras.
Chevrand declaró la quiebra luego de que la propia empresa solicitara el viernes la suspensión de su plan de recuperación ante la imposibilidad de pagar las deudas.
Las deudas identificadas por el tribunal no incluyen las que Oi renegoció en los procesos de recuperación que acordó con sus acreedores en las dos oportunidades en que se acogió a la ley de quiebras en Brasil.
En la primera oportunidad, en 2016, admitió tener deudas por 65.000 millones de reales (unos 12.244 millones de dólares). En 2023 volvió a solicitar la intermediación de la Justicia para renegociar deudas que entonces sumaban 44.000 millones de reales (unos 8.288 millones de dólares).
Pese a declarar su quiebra, la jueza ordenó que Oi continúe trabajando normalmente hasta que le transfiera sus operaciones y obligaciones a otras compañías.
Antes de que entrara en crisis financiera, Oi era la mayor operadora de telefonía fija de Brasil, la tercera de telefonía móvil y tenía una participación importante en el suministro de internet por banda ancha.
Tras los procesos de recuperación con los que tuvo que vender gran parte de sus activos, incluyendo el negocio de telefonía móvil y el de fibra óptica, la empresa ofrece actualmente el servicio de telefonía fija en unas 7.000 localidades y es responsable por los servicios de emergencia de instituciones como la Policía y los Bomberos.
También tiene contratos para ofrecer servicios de telecomunicación a diferentes órganos públicos, incluyendo las del Centro Integrado de Defensa y Control de la Fuerza Aérea y las comunicaciones del banco público Caixa Económica Federal con todas sus sucursales.
En su sentencia, la jueza determinó la venta ordenada de los activos restantes de la compañía para intentar garantizar parte de los valores que serán destinados al pago de los acreedores. EFE
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