La justicia europea defiende la validez de la directiva europea sobre salario mínimo
(Actualiza con respuesta de los sindicatos)
Bruselas, 11 nov (EFE).- El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) falló este martes a favor de mantener la mayor parte de la directiva europea sobre salario mínimo ya que «no supone una injerencia directa» en el derecho comunitario, tal y como había alegado Dinamarca en un recurso para anular la directiva.
«En particular, el Tribunal de Justicia concluye que la Directiva no supone una injerencia directa del Derecho de la Unión en el derecho de asociación y sindicación», explicó un comunicado del TJUE, añadiendo que «desestima asimismo el motivo de Dinamarca basado en que la Directiva fue adoptada sobre una base jurídica errónea».
La normativa, adoptada en 2022, establece medidas para asegurar que los países con salario mínimo fijado por ley lo establecen en niveles decentes y lo actualizan, y que en los Estados donde se determina vía negociación colectiva, esta cubre a la mayor parte de los trabajadores; pero no fija un salario mínimo común para los Veintisiete.
Sin embargo, el pasado mes de enero, un letrado europeo se pronunció en una opinión no vinculante a favor de un recurso presentado por Dinamarca, con el apoyo de Suecia, para anular la directiva a la que se habían opuesto desde el primer momento por considerar que interfiere con sus modelos de fijación de salarios basados en la negociación colectiva.
El abogado consideró que la directiva debe ser anulada por incumplir el Tratado de Funcionamiento de la UE, que permite al bloque adoptar directivas para fijar requisitos mínimos en materia de condiciones laborales pero deja claro que estas competencias no se extienden a regular la remuneración de los trabajadores, entre otros aspectos.
Consideraciones legales
En la sentencia de este martes los letrados europeos argumentaron que «la exclusión de la competencia de la Unión prevista en los Tratados en los dos ámbitos de que se trata no se hace extensiva a cualquier cuestión que guarde algún tipo de relación con las remuneraciones o con el derecho de asociación y sindicación (o) a cualquier medida que, en la práctica, incida o repercuta en la cuantía de las remuneraciones».
De ser así, añadió el comunicado del TJUE, «algunas competencias atribuidas a la Unión para apoyar y complementar la acción de los Estados miembros en materia de condiciones de trabajo quedarían vacías de contenido».
De este modo, «la exclusión de la competencia solo se aplica a la injerencia directa del Derecho de la Unión en la determinación de las remuneraciones y en el derecho de asociación y sindicación», declararon.
Asimismo, los letrados identificaron injerencias por parte de directiva en dos casos.
En primer lugar, explicó el comunicado, el Tribunal «anula la disposición que enumera los criterios que deben tener en cuenta obligatoriamente los Estados miembros con salarios mínimos legales a la hora de fijar y de actualizar esos salarios».
Seguidamente, la sentencia también anula «la norma que impide la disminución de los mismos cuando están sujetos a una indexación automática».
«El Tribunal de Justicia desestima el recurso de Dinamarca en todo lo demás,» concluyó el comunicado.
Reacción de los sindicatos
Por su parte, la Confederación Europea de Sindicatos (CES) celebró la sentencia, aunque mostró su preocupación por la eliminación de las disposiciones sobre los criterios de evaluación y la disminución de los salarios mínimos.
«Esta sentencia confirma que la Directiva sobre el Salario Mínimo se mantiene firme: la UE puede y debe actuar en pro de salarios justos. El núcleo de la Directiva permanece intacto, incluidos los umbrales de decencia del 50 % y el 60 %», dijo la secretaria general de la CES, Esther Lynch, en un comunicado.
«Sin embargo, al suprimir el artículo que explicaba cómo medir la adecuación, el Tribunal ha dejado aún más claro que necesitamos normas más sólidas y exigibles para que la remuneración justa sea una realidad», añadió, instando a la Comisión Europea a presentar «de inmediato una recomendación para apoyar la aplicación de la Directiva». EFE
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