La Justicia ordena prisión preventiva para un juez en Ecuador por presunto prevaricato

Quito, 30 jul (EFE).- La justicia ecuatoriana ordenó la prisión preventiva para Humberto Maximiliano B. H., juez de Garantías Penales de la provincia del Guayas (suroeste), por presunto prevaricato, informó este miércoles la Fiscalía General del Estado.

El mencionado juez fue detenido la víspera, en su despacho, durante un operativo liderado por la Fiscalía en coordinación con la Policía Nacional.

«Según la investigación, el juez habría atentado contra la tutela judicial efectiva y la seguridad jurídica al modificar al menos diez sentencias dictadas bajo procedimiento expedito en materia de tránsito, sin aparente sustento legal y en contravención de normas expresas», señaló la Fiscalía en un comunicado.

La denuncia fue presentada por el director provincial del Consejo de la Judicatura, Óscar Guerrero, quien alertó que el acusado «habría emitido sentencias condenatorias con penas privativas de libertad y, en varias de esas causas, habría aceptado solicitudes de sustitución de pena, que luego fueron modificadas a trabajo comunitario, de manera irregular», reza el escrito.

En la audiencia de formulación de cargos desarrollada anoche, el fiscal provincial en funciones de Guayas y Galápagos, René Astudillo, presentó los elementos de convicción recabados en esta fase preprocesal.

Entre el acervo se incluyen los informes investigativos y de detención, la denuncia presentada por el Consejo de la Judicatura, las acciones de personal y datos del ahora procesado y las evidencias encontradas en su lugar de trabajo (cuatro computadores portátiles: dos personales y dos del despacho).

Igualmente, entre los elementos están los informes periciales de inspección ocular técnica y de reconocimiento del lugar de los hechos y la versión rendida por el investigado.

El Presidente de la Corte Provincial de Justicia de Guayas acogió el pedido de la Fiscalía y dictó prisión preventiva para Humberto Maximiliano B. H. Además, el togado dispuso el traslado del procesado al Centro de Rehabilitación Social Guayas N 4, ubicado en Guayaquil, capital provincial.

La instrucción fiscal tendrá una duración de noventa días, indicó la Fiscalía al señalar que el caso fue procesado con base en un artículo del Código Orgánico Integral Penal, que sanciona el delito de prevaricato con pena privativa de libertad de cinco a siete años. EFE

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