La Justicia polaca avala la extradición a Ucrania del arqueólogo ruso Butiaguin
Cracovia (Polonia), 18 mar (EFE).- El Tribunal de Distrito de Varsovia dictaminó este miércoles a favor de la extradición a Ucrania del arqueólogo ruso Alexander Butiaguin, reclamado por las autoridades de Kiev bajo acusaciones de dañar gravemente el patrimonio cultural en la península de Crimea.
La noticia fue confirmada a la agencia de noticias polaca PAP por el abogado de Butiaguin, Adam Domański, el cual anunció que recurrirá la decisión.
Domański también explicó que hasta que el tribunal de apelación no revise el recurso, el procedimiento de extradición no podrá avanzar.
La fiscalía ucraniana sospecha que Butiaguin es responsable del saqueo y la destrucción parcial y deliberada de un complejo arqueológico situado en Kerch, en territorio ocupado por Rusia, entre 2014 y 2019 cuando trabajaba para el museo ruso del Hermitage sin permiso del Estado ucraniano.
Crimea fue anexionada por Rusia en 2014 y Ucrania considera que ese territorio le pertenece.
Según la solicitud de extradición ucraniana presentada en noviembre de 2025, el arqueólogo realizó excavaciones y ocasionó daños económicos al patrimonio nacional ucraniano que superan los 4,5 millones de euros.
Butiaguin fue detenido a principios de diciembre de 2025 por la Agencia de Seguridad Interna (ABW) de Polonia mientras realizaba una gira de conferencias en varias ciudades, entre ellas Varsovia.
El arresto provocó una airada respuesta de Moscú y el 11 de diciembre de 2025, el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, calificó el hecho como de «completa arbitrariedad legal».
Poco después, el Ministerio de Exteriores ruso citó al embajador polaco para presentar una protesta formal y defendió que las acusaciones contra el arqueólogo eran «absurdas», ya que el científico contaba con permisos de las autoridades rusas que controlan Crimea.
Bajo la legislación ucraniana, Butiaguin podría enfrentarse a una pena de hasta cinco años de prisión por el cargo de destrucción de patrimonio, además de cuantiosas multas por realizar investigaciones ilegales.
La defensa sostiene que el arqueólogo ha trabajado en el sitio desde los años 90 y que su labor es puramente científica y no política.
El abogado añadió que, «tras los cambios geopolíticos en Crimea (la anexión rusa), al acusado le resultó físicamente imposible obtener permisos de las autoridades ucranianas, por lo que operó bajo autorización de la Federación Rusa». EFE
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