La opositora ruandesa Victoire Ingabire reitera su compromiso político ante el tribunal
Kigali, 15 jul (EFE).- La líder opositora ruandesa Victoire Ingabire Umuhoza afirmó este martes ante un tribunal que prefiere «vivir y morir en prisión» en Ruanda antes que abandonar su lucha política, en una audiencia previa a su juicio por presunta subversión y formación de una organización criminal.
Ingabire, de 56 años, fue arrestada el pasado 19 de junio después de que su nombre apareciera en un proceso penal en curso contra nueve opositores y un periodista detenidos en 2021, acusados de planear un golpe de Estado contra el Gobierno del presidente ruandés, Paul Kagame.
«En 2008, en FDU-Inkingi (Fuerzas Democráticas Unidas), decidimos traer al partido y a su liderazgo a hacer política dentro del país, así que no esperen que me marche», declaró Ingabire ante el Tribunal de Primera Instancia de Kicukiro, en Kigali, la capital ruandesa.
«En cuanto a los cargos que se me imputan, fui exonerada por los investigadores y la Fiscalía hace cuatro años, cuando fui llamada a declarar. Estoy aquí porque el Tribunal Superior ha presionado a la Fiscalía para que me acuse», añadió.
El tribunal fijó para el viernes 18 de julio la audiencia en la que decidirá si concede la libertad bajo fianza a Ingabire, una de las figuras más destacadas de la oposición en Ruanda.
La Oficina de Investigación de Ruanda (RIB, por sus siglas en inglés) indicó en el momento del arresto que investigaba a Ingabire «por crímenes que incluyen formar una organización criminal y planear actividades que buscan incitar el desorden público».
Según la RIB, el caso está vinculado al juicio contra nueve personas, entre ellas ocho miembros del partido opositor no registrado Desarrollo y Libertad para Todos (DALFA-Umurinzi) y el periodista Théoneste Nsengimana, arrestados entre octubre y diciembre de 2021.
Todos ellos enfrentan cargos como asociación delictiva, conspiración para cometer delitos contra el presidente, instigación a disturbios, atentado contra la ley y organización de manifestaciones públicas no autorizadas.
Desde que asumió el poder en 2000, Kagame ha sido elogiado internacionalmente por la recuperación económica del país tras el genocidio de 1994, en el que fueron asesinadas unas 800.000 personas, en su mayoría tutsis y hutus moderados.
No obstante, organizaciones de derechos humanos han denunciado de forma reiterada detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas y torturas a disidentes, a los que se acusa de delitos que consideran de motivación política.
El año pasado, un tribunal impidió a Ingabire concurrir a las elecciones presidenciales de julio, en las que Kagame revalidó su mandato con el 99,18 % de los votos, al no restituirle sus derechos políticos, retirados tras su condena en 2012 a ocho años de prisión, pena que fue aumentada a quince en 2013 tras un recurso.
Ingabire fue detenida en 2010 poco después de regresar a Ruanda, tras casi dos décadas en el exilio, con la intención de participar en las elecciones presidenciales de ese año.
Fue condenada por terrorismo, conspiración contra el Estado y negacionismo del genocidio, aunque solo cumplió seis años antes de ser indultada en 2018 por Kagame junto a otros más de 2.000 presos. EFE
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