La sedición, un delito inexistente o poco preciso en Europa

Redacción Internacional, 11 nov (EFE).- La sedición, cuyos términos quieren reformar los grupos parlamentarios del PSOE y Unidas Podemos es un delito inexistente en Europa con las características del español o cuyo alcance es poco preciso.

Socialistas y Podemos han presentado hoy en el Congreso una reforma que rebaja de 15 a cinco años la pena máxima de prisión del delito de sedición, que desaparece y pasa a denominarse «desórdenes públicos agravados», con un máximo de ocho años de inhabilitación.

El portavoz del PSOE en el Congreso, Patxi López, ha anunciado en rueda de prensa antes de registrar esta propuesta que la reforma persigue modificar el concepto de un delito de sedición que tenía 200 años y que la mayoría de países europeos han ido adaptando a la sociedad actual.

BÉLGICA

En Bélgica el Código Penal no tipifica la sedición en el mismo formato que recoge el español y prevé penas más leves. La sedición, en cualquier caso, no está en la lista de 32 delitos de la euroorden para los que la entrega es casi automática.

España reclamó por este delito a varios políticos independentistas catalanes huidos a Bélgica, entre ellos Carles Puigdemont, por lo que el juez belga tendrá que revisar la equivalencia entre cómo se define el delito en España y en Bélgica.

Sin embargo, no lo hará hasta que no concluya el proceso paralelo sobre la posible retirada de la inmunidad europarlamentaria de los afectados, necesaria para que se les pueda juzgar y que actualmente dirime la justicia europea tras los recursos de los políticos catalanes.

En el Código Penal belga, el artículo 151 se refiere a todo «acto arbitrario» que atente contra las «libertades y los derechos garantizados por la Constitución, ordenado o ejecutado por un funcionario o un oficial público, por un depositario o un agente de la autoridad o de la fuerza pública» que sería castigado con penas «de quince días a un año».

Otro artículo, el 104, recoge penas mucho más graves, de 20 a 30 años de cárcel, para cualquier «intento de destruir o cambiar la forma del gobierno o el orden de sucesión al trono, o hacer que los ciudadanos o los habitantes tomen las armas contra la autoridad real, las cámaras legislativas o una de ellas».

ALEMANIA

Alemania quedó inmersa en un conflicto judicial en torno a la «sedición» con la detención del expresidente catalán Carles Puigddemont, el 25 de marzo de 2018, cuando entró en el país en coche procedente de Dinamarca.

Ingresó ese mismo día en la prisión de Neumünster, a lo que siguió un complejo procedimiento de extradición por los delitos de «rebelión», el equivalente a la sedición según el código penal alemán, y malversación de fondos.

Puigdemont salió en libertad bajo fianza unos días después, mientras que la Audiencia de Schleswig Holstein, el «Land» (estado federado) fronterizo con Dinamarca, acabó desestimando la acusación por rebelión o alta traición porque no apreció «violencia suficiente» como para poner en peligro las instituciones del Estado.

El requisito de la «violencia suficiente» es necesario para que, de acuerdo al código penal de Alemania, se considere que hubo «rebelión» o «alta traición».

Estos delitos pueden acarrear penas de entre diez años y cadena perpetua, pero siempre bajo el requisito de que se trate de un alzamiento acompañado de violencia y susceptible de poner en peligro la seguridad de Estado. La simple «intención» de derogar el Estado, pero sin capacidad de lograrlo, no entra en esa consideración.

ITALIA

En Italia no existe el delito de sedición como tal, sino el de «reunión sediciosa», que es muy distinto al que se menciona en la legislación española y que, recogido en el artículo 655 del Código Penal. Establece el «arresto de hasta un año» a quien participe en «una reunión sediciosa de diez o más personas», entendiendo como tal una reunión con un fin determinado que supone un peligro para el orden público.

En los casos más recientes se ha utilizado en relación a altercados violentos, como en 2019, contra militantes neofascistas que organizaron protestas por la concesión de viviendas a gitanos nómadas al barrio de la periferia romana de Casal Bruciato.

REINO UNIDO

El Reino Unido introdujo en 1870 la Ley de Sedición, que autorizaba al arresto sin juicio de cualquier persona que protestaba o criticaba a la Corona o el Gobierno, pero fue derogada en 2009.

Esta ley fue abolida después de una intensa campaña de escritores y organizaciones defensoras de la libertad de expresión.

Lo más parecido a esa ley es la relativa a los delitos contra el orden público, como disturbios provocados por grupos de personas que recurren a la violencia para alterar la paz pública. Esta ley contempla un máximo de diez años de cárcel o una multa.

FRANCIA

El código penal francés incluye varios artículos sobre el atentado a las instituciones de la República o la integración de movimientos insurreccionales.

Se castigan con hasta treinta años de prisión y 450.000 euros de multa la comisión de actos de violencia que busquen poner en peligro las instituciones de la República o atentar contra la integridad del territorio nacional.

Además, el artículo 412-6 prevé la prisión a perpetuidad y 750.000 euros de multa para quien dirija un movimiento insurreccional, y con veinte años y 300.000 para quien participen en una acción de este tipo con armas, explosivos o sustancias peligrosas.

PAÍSES BAJOS

En Países Bajos la sedición está tipificada como un delito en el artículo 131 del Código Penal, que está formulado de manera bastante amplia.

Si se incita públicamente a alguien (ya sea verbalmente, con imágenes o por escrito) a cometer un delito o actuar con violencia contra las autoridades públicas, esa conducta podría considerarse «sedecion». La pena que puede imponerse es un máximo de cinco años de prisión.

FINLANDIA

En Finlandia la legislación no contempla el delito de sedición como tal; debe haber uso de violencia o amenaza de uso de violencia, en cuyo caso se denomina rebelión, que está penada con entre uno y diez años de prisión.

El único delito relacionado con la sedición que no requiere violencia es el de obstrucción a la labor pública, que castiga con multa a quien impida o intente impedir ilegalmente la realización de una función oficial.

SUECIA

En Suecia existe el delito de agitación (uppvigling), que consiste en incitar a otras personas, de palabra o por escrito, a la desobediencia o a cometer delitos.

Si se considera que es de carácter leve, no está penado; en caso de que sea grave, puede acarrear una pena máxima de prisión de cuatro años.

DINAMARCA

El sistema jurídico danés recoge la figura del delito de inducción o instigación (tilskyndelse). Para que sea punible, es necesario que el instigador tenga la intención de que se cometa un delito concreto: si se incita a otros a realizar actos punibles en general, sin concretar, no es considerado delito.

El derecho danés castiga la inducción o instigación, dependiendo de la gravedad, con multas o una pena de cárcel de cuatro años de máximo.

GRECIA

En Grecia el levantamiento, como se define la sedición en el Código Penal, está castigado con una pena privativa de al menos seis meses para la persona que ha participado en un acto que cumpla estas características y de al menos dos años para sus instigadores.

El Código Penal define el levantamiento como el uso de violencia o amenaza de ella con el fin de forzar a una autoridad a actuar contra la ley o a no aplicarla.

AUSTRIA

El Código Penal austríaco no contemple el delito de sedición, pero sí el de alta traición, que se aplica a quienes se empeñen en «modificar la constitución de la República de Austria o de uno de sus estados federados por la fuerza o por la amenaza de fuerza o a independizar un territorio perteneciente a la República de Austria».

A este delito se aplican penas de entre diez y veinte años de prisión.

RUMANÍA

El Código Penal rumano contempla un «delito de sedición» que comete quien «arma a la población o les instiga a armarse contra otros, o a cometer robos con violencia o asesinatos, en cualquier lugar del territorio nacional» con «el objetivo de provocar una guerra civil en el país».

La pena prevista para este delito es de entre 7 y 10 años de cárcel y entre 3 y 5 de suspensión de los derechos políticos. EFE

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