La UE alerta de que la digitalización de la justicia puede vulnerar derechos
Viena, 13 nov (EFE).- El uso de herramientas digitales puede agilizar y hacer más eficaz el sistema judicial, pero también implica riesgos como la vulneración de la privacidad o la discriminación de quienes no tienen acceso o conocimientos para usar esas técnicas, según advierte la Unión Europea en un informe publicado este jueves.
En el reporte, la Agencia de Derechos Fundamentales (FRA) de la UE analiza cómo se están aplicando ya en siete países comunitarios instrumentos como los juicios por videoconferencia, la denuncia de delitos en plataformas digitales o el uso de la inteligencia artificial para transcribir testimonios.
El análisis se centra en las opiniones de unos 200 profesionales del ámbito judicial para concluir que, en general, ven beneficioso el uso de estas tecnología, tanto para su propio trabajo como para la realización de los derechos fundamentales.
Pero también alertan de que hay consecuencias adversas si las consideraciones de derechos fundamentales no se han integrado bien en el diseño de esas herramientas digitales, ya que el derecho a un juicio justo o a la no discriminación pueden verse socavados.
«Debemos cerrar las brechas digitales y garantizar el acceso a la justicia para todas las personas, de modo que nadie quede atrás», señala la directora general de la FRA, Sirpa Rautio, en el informe, titulado ‘Digitalización de la justicia: Un enfoque basado en los derechos fundamentales’.
Por ejemplo, la FRA plantea que debe ofrecerse asistencia práctica para ayudar a las personas a «acceder y navegar» por el sistema judicial, y que los extranjeros o no residentes no pueden quedar excluidos del acceso a esos sistemas por no tener un documento de identidad del país donde tiene lugar el proceso judicial.
«En el lado positivo, la investigación documental revela que los Estados miembros (de la UE) están haciendo esfuerzos para mejorar el acceso a los sitios web y a las aplicaciones móviles de los servicios de justicia para las personas con discapacidad», señala el informe.
La FRA también pide incluir no sólo jueces o fiscales en el desarrollo de los nuevos sistemas digitales, sino también a expertos en derechos humanos, defensores del pueblo o a las autoridades de protección de datos.
Esa cooperación favorecerá, según la FRA, que esas herramientas «sean inclusivas y respetuosas con los derechos humanos».
Una de las recomendaciones que da la FRA a los países de la UE es que mantengan alternativas no digitales para quienes no tienen acceso a la tecnología o no tienen nociones sobre cómo hacer uso de ella.
El informe concluye que es importante formar a quienes trabajan en la justicia, no solamente en el uso de esas nuevas tecnologías sino también en los posibles riesgos de sesgo, la posible discriminación o los errores en los sistemas de Inteligencia Artificial (IA), que deberían «someterse a evaluaciones de impacto en derechos fundamentales».
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