Las periodistas nicaragüenses sufrieron 730 violaciones a libertad de expresión desde 2018
San José, 25 nov (EFE).- Las periodistas nicaragüenses han sufrido 730 violaciones a la libertad de expresión desde 2018 hasta la actualidad y el Estado de Nicaragua es el principal perpetrador, denunció este martes la ONG Fundación por la Libertad de Expresión y Democracia (FLED), con sede en Costa Rica.
El informe ‘Estado situacional de mujeres periodistas nicaragüenses’ revela que las comunicadoras están abandonando la profesión o huyendo de su país por razones de seguridad o para evitar represalias.
Al menos 106 de los 304 trabajadores de medios de comunicación nicaragüenses, en su mayoría comunicadores, que han abandonado su país por razones de seguridad o han sido desterrados desde abril de 2018 son mujeres, según esa ONG, parte de la red regional Voces del Sur.
Entre 2018 y 2025, la FLED registró 730 violaciones contra comunicadoras y el 59,3 % de esas agresiones provino directamente del aparato estatal, «evidenciando que el Estado de Nicaragua no falla solamente en proteger, sino que opera como principal perpetrador», según el informe.
«Hay claramente un culpable y no es la mujer periodista. Hay un Estado con total responsabilidad de las atrocidades de las violaciones de derechos humanos en Nicaragua en este momento», advierte el estudio.
Esa responsabilidad directa se manifiesta a través de instituciones estatales que actúan de manera coordinada, como la Policía Nacional y el Ministerio Público mediante citaciones injustificadas y amenazas directas, y el sistema judicial a través de procesos penales espurios, agrega.
También por instituciones administrativas mediante la cancelación de medios y organizaciones o el uso de las instituciones de servicio público para limitar el acceso a los derechos económicos, sociales y culturales de las mujeres o de su núcleo familiar.
Además, según el informe, el Gobierno que dirigen los esposos y copresidentes, Daniel Ortega y Rosario Murillo, «ha desarrollado una estrategia de tercerización de la violencia que incluye turbas parapoliciales, militantes partidarios con micrófono y licencia para estigmatizar, así como troles digitales que actúan con impunidad estatal».
«Estos actores permiten al Estado mantener una fachada de distanciamiento formal mientras ejecuta una represión sistemática, creando un ecosistema de violencia donde las mujeres periodistas enfrentan amenazas múltiples y coordinadas desde diversos frentes», afirmó esa ONG.
El análisis de los 730 casos documentados revela cuatro fases distintivas que evidencian la evolución de la estrategia represiva estatal: detenciones arbitrarias o citaciones ante la Fiscalía, violencia física directa, censura inmediata y ataques específicos por ser mujeres periodistas
Asimismo, el estudio señala que las violaciones documentadas revelan patrones específicos contra las mujeres, como casos de discriminación por su condición femenina, amenazas sexualizadas sistemáticas, instrumentalización de la maternidad como tortura psicológica, entre otras.
Ocho de cada 10 periodistas atendidas por psicóloga dijeron ser víctimas de violencia sexual, advierte el estudio.
El estudio asegura que a las activistas y periodistas que son opositoras o críticas con el Gobierno sandinista «se les amenaza con violarlas junto a sus hijos e hijas, evidenciando un patrón específico de violencia sexualizada».
Las comunicadoras también han sido víctimas de la violencia digital, en donde se les expone su vida personal y familiar, las amenazan con violarlas y tratan de ridiculizarlas, y se les ataca su capacidad intelectual, su profesionalismo y hasta por sus rasgos físicos. EFE
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