Ley de gastos de gobiernos locales en Ecuador suma nueva demanda de inconstitucionalidad
Quito, 3 mar (EFE).- La ley que reforma el esquema de gasto de gobiernos locales en Ecuador y que limita el presupuesto destinado a salarios de sus funcionarios, recientemente aprobada por la Asamblea Nacional (Parlamento), sumó este martes una nueva demanda de inconstitucionalidad con la interpuesta por la Prefectura de Pichincha.
La normativa, que reforma el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (COOTAD), fue enviada al Parlamento por el presidente Daniel Noboa en calidad de proyecto económico urgente, y fue aprobada el pasado 20 de febrero, pese a que generó protestas de grupos sociales y críticas de la oposición.
Al presentar la demanda ante la Corte Constitucional (CC), que hasta el pasado jueves ya había recibido cinco, la prefecta de Pichincha, Paola Pabón, del movimiento opositor correísta aseveró que la reforma tiene vicios de fondo y de forma porque «atenta directamente contra la autonomía política, administrativa y financiera de los gobiernos subnacionales».
Recordó que la Constitución plantea un modelo de gobierno descentralizado que permita «la equidad territorial y con esta reforma se estaría afectando esa autonomía».
Asimismo, consideró que la reforma afecta los derechos de las niñas, niños, personas con discapacidad, adultos mayores y de las mujeres porque afecta la prestación de los servicios sociales.
«El código de descentralización y la Constitución les entrega a las prefecturas 8 competencias; sólo 3 de esas 8 son competencias que tienen que ver con la infraestructura, es decir, con el cemento», señaló al agregar que el resto tienen que ver con capacitación, con asistencia social, con trabajo, con emprendedores, mujeres, juntas de agua, campesinos y agricultores.
De acuerdo a Pabón, también se afecta el área de la cultura y el deporte con la reforma, cuyo ingreso a análisis del Parlamento con el carácter de económico urgente también cuestionó.
Acompañada de cientos de seguidores y beneficiarios de los proyectos de la Prefectura, Pabón pidió a la CC -que ya ha echado abajo otras iniciativas del Ejecutivo- «que mantenga su autonomía, que en tiempos de autoritarismo y centralismo sean la luz; que sea el último resquicio de decencia que le queda este país».
Asimismo, pidió una medida cautelar de suspensión de la aplicación de la norma mientras estudia las demandas a la reforma que, asevera, fue aprobada por el Parlamento con una «mayoría espuria» que «no escuchó a los ciudadanos».
Para el oficialismo, la reforma «responde a una lógica de eficiencia» y de «justicia social con la ciudadanía» para que «primero se prioricen las necesidades básicas de agua potable y alcantarillado, y luego el gasto corriente».
Cuando se aprobó la reforma, la ministra de Gobierno, Nataly Morillo, sostuvo que «cada dólar que administran alcaldías y prefecturas deberá transformarse en obras y servicios que mejoren la vida de los ciudadanos». EFE
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