Lideresa indígena de Ecuador pide libertad de 12 procesados por terrorismo: «Son rehenes»
Quito (Ecuador), 21 oct (EFE).- La vicepresidenta de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), Ercilia Castañeda, pidió este martes la libertad de los doce procesados por el delito de terrorismo que fueron detenidos en la ciudad de Otavalo, epicentro de las protestas contra el presidente Daniel Noboa, al considerar que su captura fue «ilegal» y que son «rehenes del Gobierno».
«Nuestros doce hermanos son rehenes del Gobierno y deben ser liberados para que puedan volver a sus casas, tomando en cuenta también que son el sustento del hogar, son familias de escasos recursos económicos, trabajadoras y personas con discapacidad», señaló la lideresa en los exteriores de la Unidad Judicial Norte de Quito.
Castañeda llegó hasta ese lugar para estar presente en la audiencia de apelación a la prisión preventiva interpuesta por once de los doce procesados, conocidos como «Los doce de Otavalo», que fueron detenidos el pasado 22 de septiembre, después de que se registró un ataque a un cuartel policial, durante las manifestaciones convocadas por la Conaie por el alza del precio del diésel y otros reclamos, que este martes cumplen un mes.
La audiencia de apelación se instaló el pasado viernes a favor de once de los detenidos, ya que el abogado del número doce no apeló la prisión, pero se suspendió porque el tribunal determinó que era necesario realizar un diálogo intercultural con la presencia de los procesados.
«Aspiramos a que en esta reinstalación los señores jueces actúen apegado en derecho y se garantice los derechos humanos de los doce hermanos que han sido detenidos ilegalmente. Queremos su liberación porque la detención es ilegal y tampoco ha habido alguna prueba que determine la responsabilidad», añadió Castañeda.
Tras el reinicio de la audiencia, los jueces escucharon a los detenidos, que fueron trasladados desde la cárcel de Ibarra, capital de Imbabura, y también a los líderes de sus comunidades, quienes hablaron sobre la situación económica, laboral, social y cultural de los indígenas procesados.
Posteriormente, los jueces, el fiscal, los detenidos, los abogados y los líderes comunitarios formaron una ronda para dialogar sobre la apelación a la prisión preventiva interpuesta y que se pueda llegar a «una decisión que sea la más progresiva en materia de derechos» y que permita garantizar la presencia de los indígenas en el proceso judicial sin que estén en la cárcel, según explicó el abogado Aquiles Hervas, el facilitador del diálogo entre los jueces y las comunidades indígenas.
Diálogos con el Gobierno
La vicepresidenta de la Conaie también se refirió al diálogo que el Gobierno había iniciado con líderes de comunidades indígenas de Imbabura y que dio por cerrado el pasado domingo, después de señalar que no había garantías para seguir con el proceso porque se habían incumplido los primeros acuerdos anunciados el pasado miércoles, como cesar las manifestaciones.
Castañeda señaló que desde el movimiento indígena «siempre ha habido predisposición» para un «diálogo honesto, sincero y público», pero que ellos como dirigentes y convocantes de las manifestaciones nunca fueron llamados por el Gobierno.
«No hemos sido invitados y si no somos invitados, ¿cómo vamos a romper el diálogo? Yo acudí al espacio en donde se desarrollaba el supuesto diálogo. Sin embargo, por órdenes del Gobierno fui impedida del ingreso», indicó.
Aseguró que las movilizaciones se mantendrán y que la decisión final de retomar los diálogos está en las manos del presidente Noboa.
Hasta el momento, las protestas dejan dos muertos por armas de fuego, cerca de 300 personas heridas y más de 200 detenidas, según datos de las organizaciones defensoras de derechos humanos.
Si bien las protestas indígenas comenzaron por el rechazo al alza del precio del diésel, luego la Conaie incluyó la exigencia de la bajada en tres puntos del Impuesto al Valor Agregado (IVA) hasta el 12 % y la liberación de los detenidos durante las manifestaciones.
Así mismo, la Conaie agregó en el paro su rechazo al referéndum del próximo 16 de noviembre, en el que, entre otras cosas, se preguntará -por iniciativa del presidente Noboa- sobre la instalación de una Asamblea Constituyente para redactar una nueva Constitución, lo que ha llevado al Gobierno a señalar a la protesta como «política». EFE
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