Llamarán a sesión legislativa de «emergencia» en Bolivia para completar elección judicial
La Paz, 26 nov (EFE).- El vicepresidente de Bolivia y presidente nato del Parlamento, Edmand Lara, anunció que próximamente convocará a una sesión de urgencia del Legislativo para cubrir los de los magistrados que prorrogaron su mandato y que en la víspera fueron cesados de sus funciones.
«Esta convocatoria tiene la finalizada de garantizar que todas esas vacancías institucionales sean cubiertas mediante un mecanismo democrático y legítimo. Bolivia no puede volver a escenarios de transitoriedad indefinida», mencionó Lara.
El presidente de la Asamblea Legislativa precisó que la sesión tiene «carácter de urgencia» y que será convocada en las «siguientes horas», sin dar un día y hora definidos.
También alertó que sería «antidemocrático y una violación a los poderes del Estado» si a algún «iluminado» se le ocurriera designar mediante un decreto presidencial a los cinco cargos acéfalos del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) y dos puestos Tribunal Supremo de Justicia (TSJ).
El anuncio de Lara se da en medio de tensiones con el Gobierno del Presidente Rodrigo Paz, al que acusa de buscar anularlo y quitarle sus atribuciones a partir de varias de las decisiones que tomó en las más dos semanas de mandato.
El TCP determinó en la víspera la «finalización de la prórroga» de los magistrados que «continuaron en sus funciones después del cumplimiento de su mandato de seis años», algo que deberá ejecutarse en los siguientes diez días hábiles.
La medida se aplica a los magistrados del TCP: Gonzalo Hurtado Zamorano, René Espada, Isidora Jiménez Castro, Julia Cornejo Gallardo y Karen Gallardo Sejas, y los jueces del TSJ Ricardo Torres Echalar y Carlos Eguíz Añez, en el marco de la emisión de un auto constitucional.
La decisión también estableció que en los siguientes diez días los magistrados cesados deberán hacer el «despacho de causas pendientes de resolución».
Sin embargo, al casi al mismo tiempo, una audiencia realizada en un tribunal de la región de Potosí estableció el cese inmediato de sus funciones, mientras que en otro acto judicial en Santa Cruz se dictó órdenes de aprehensión en contra de los jueces que ampliaron su tiempo de mandato.
A finales de 2023, los magistrados del TCP que fueron elegidos por voto popular en 2017 ampliaron su mandato y el de los jueces de otros altos tribunales bajo el argumento de impedir un «vacío de poder» hasta que se realicen las elecciones judiciales que debían hacerse ese año.
La decisión causó el reclamo de la oposición de entonces y de los sectores afines al exmandatario Evo Morales (2006-2019) que acusaron al Gobierno del expresidente Luis Arce (2020-2025) de estar detrás de esa prórroga de mandato.
Las elecciones judiciales finalmente se efectuaron en Bolivia en diciembre de 2024, un año después de lo previsto por problemas en el Legislativo y numerosas causas judiciales que frenaron varias veces el proceso, pero de forma parcial ya que solo se eligieron 19 jueces de los 26 previstos.
Los magistrados del Constitucional que decidieron la prórroga emitieron a principios de este año un nuevo fallo que amplió aun más sus funciones y las de los que permanecieron en el TSJ hasta que se completen las elecciones judiciales, lo que todavía no ocurrió.
En octubre pasado, el nuevo presidente del TSJ, Rómer Sucedo, denunció penalmente a los magistrados del TCP y el TSJ que aún permanecían en sus cargos por los presuntos delitos de «resoluciones contrarias a la Constitución y a las leyes y usurpación de funciones».
Por esto, el Tribunal Supremo Electoral (TSE) señaló en varias ocasiones que la complementación de la elección era una prioridad y lo recalcó cuando hace unas semanas asumió el nuevo Legislativo.
La Constitución de Bolivia aprobada en 2009 establece la elección por voto popular de los magistrados, previa selección de los postulantes en el Parlamento.EFE
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