Los ataques contra presuntas narcolanchas en el Caribe son legales, según el Departamento de Justicia
Los ataques que ha realizado Estados Unidos en el Caribe contra embarcaciones de presuntos narcotraficantes son legales y los responsables militares no pueden ser perseguidos judicialmente por ello, aseguró este miércoles el Departamento de Justicia.
«Los ataques fueron ordenados de acuerdo con las leyes de conflicto armado y, como tales, son órdenes legales», dijo un portavoz del Departamento de Justicia.
Los militares encargados de ejecutar las órdenes de ataque, que han dejado al menos 76 personas muertas, no corren riesgo de ser procesados, dijo el portavoz.
«El personal militar está legalmente obligado a seguir órdenes lícitas y, como tal, no puede ser procesado», añadió el portavoz.
El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Turk, instó el lunes a Washington a investigar la legalidad de los ataques contra los supuestos barcos que transportan drogas y dijo que había «fuertes indicios» de que constituyen «ejecuciones extrajudiciales».
Las fuerzas armadas estadounidenses han llevado a cabo una serie de ataques en el Caribe y el Pacífico en las últimas semanas contra embarcaciones que según Washington están transportando drogas.
El más reciente tuvo lugar en el Pacífico durante el fin de semana y dejó seis personas muertas, dijo el secretario de Defensa, Pete Hegseth.
El diario Washington Post informó el miércoles que el Departamento de Justicia había redactado un informe clasificado en julio que establece la base legal para los ataques y protege al personal participante de enjuiciamientos futuros.
La administración del presidente Donald Trump envió una carta al Congreso para informarle de que Estados Unidos está involucrado en un «conflicto armado» con los carteles de drogas latinoamericanos, describiéndolos como grupos terroristas, como parte de su justificación para los ataques.
Turk, en una entrevista con AFP, dijo que las operaciones contra presuntos traficantes de drogas deberían ser «operaciones de aplicación de la ley», que a su vez están sometidas a las reglamentación internacional sobre derechos humanos.
En tales casos, «el uso de fuerza letal tiene que ser extremadamente limitado», dijo Turk.
«Tiene que ser el último recurso absoluto frente a un ataque inmediato. Eso no es lo que estamos viendo».
Cuando se le preguntó si creía que los ataques podrían constituir ejecuciones extrajudiciales, Turk dijo: «Hay fuertes indicios de que lo son, pero necesita ser investigado».
La administración Trump ha desplegado un importante efectivo militar en esa campaña contra el tráfico de drogas.
El presidente venezolano Nicolás Maduro, acusado de narcotráfico en Estados Unidos, ha afirmado que el aumento militar es parte de un complot para derrocarlo.
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