Mina de Southern «exterminará la agricultura» en valle del sur de Perú, afirman campesinos
Lima, 22 oct (EFE).- Pobladores peruanos del Valle del Tambo, en la región sureña de Arequipa, reiteraron este miércoles su rechazo total al proyecto de la mina de cobre Tía María, que la empresa de capitales mexicanos Southern Peru Copper planea retomar tras casi dos décadas de estar suspendido por protestas sociales, ya que, según afirmaron, «exterminará la agricultura» en la zona.
Durante una rueda de prensa, voceros de las comunidades del Valle del Tambo que llegaron a Lima invitaron al presidente de transición de Perú, José Jerí, a visitar la zona.
La semana pasada, el Ministerio de Energía y Minas autorizó el inicio de actividades de exploración del proyecto tras cumplir con requisitos ambientales y legales requeridos, lo que implica un paso adelante para activar el proyecto minero, que requerirá la inversión de unos 1.800 millones de dólares.
El proceso de construcción de Tía María fue suspendido en 2019 debido a protestas sociales que derivaron en muertos y heridos y que comenzaron en 2009, cuando se anunció el proyecto por primera vez.
Los voceros de comunidades campesinas del Valle del Tambo ofrecieron este miércoles una rueda de prensa en la sede de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (Cnddhh) para anunciar que presentaron una demanda de amparo contra el proyecto minero por presuntos actos irregulares en el proceso y esperan una respuesta judicial a inicios de enero próximo.
Uno de los representantes, Miguel Meza, indicó que este jueves invitarán formalmente a Jerí y al ministro de Energía y Minas, Luis Bravo, para que visiten el Valle del Tambo y garantizar, de esa manera, que el Ejecutivo conozca sus demandas.
«Mañana presentaré (una invitación) para que llegue José Jerí, vamos a garantizar que nos escuche, Southern nunca nos escuchó. Convocamos las opciones pacíficas y vamos a convocar una Asamblea Popular. El Valle del Tambo con mucha dignidad quiere que se nos escuche y no se permita un derramamiento de sangre más», dijo Meza.
El dirigente agregó que la empresa Southern está atropellando sus derechos y que, además, ha criminalizado a varios pobladores que llevan años protestando contra el proyecto, incluido él, que tiene carpetas fiscales abiertas, mientras que algunos de sus compañeros se mantienen en la clandestinidad.
El argumento principal de los habitantes del Valle del Tambo es que la mina va a contaminar su territorio, lo que «exterminará su agricultura», perjudicará la calidad de sus aguas y pondrá en riesgo su salud.
Por su parte, Rodrigo Lauracio, abogado de la organización Red Muqui, señaló que en marzo pasado presentaron una demanda de amparo contra la compañía, tras haber agotado los medios administrativos, puesto que el proyecto contiene «varios actos irregulares», y no cuenta con una consulta popular.
La demanda pide que se reconozca que el estudio de impacto ambiental, necesario para poner en marcha un proyecto minero, fue aprobado en 2014 y es un procedimiento que tiene una vigencia de cinco años, por lo que claman que ya ha caducado y no es válido que la empresa inicie sus exploraciones con un certificado no vigente.
El documento presentado ante la Corte Superior de Justicia indica, además, que Southern no cuenta con un estudio que exponga cuál será el recurso hídrico que va a emplear en las operaciones mineras, puesto que aún no cuenta con las licencias correspondientes en este ámbito.
Por ese motivo, Lauracio sostuvo que la empresa no tiene los requisitos obligatorios establecidos para iniciar sus exploraciones y remarcó que su demanda ya está en trámite, por lo que esperan tener una sentencia «favorable» a inicios de enero.
Expuso que, durante más de una década, la población del Valle del Tambo ha manifestado su oposición a un proyecto que consideran que privilegia el beneficio económico de una empresa a costa de riesgos para la salud de las familias, por el impacto de la mina en las principales fuentes de agua de la zona. EFE
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