Ni un año preso ni petición de 24 siglos de cárcel frenan carrera presidencial de Imamoglu
Dogan Tiliç
Ankara, 18 mar (EFE).- El alcalde de Estambul, Ekrem Imamoglu, suspendido del cargo y encarcelado en prisión preventiva hace un año bajo acusaciones de corrupción, sigue aspirando a ser candidato a la presidencia de Turquía, pese a afrontar una posible condena de más de 2.400 años en un macrojuicio que se estima puede durar 12 años.
Imamoglu, miembro del partido socialdemócrata CHP, el mayor de la oposición, fue elegido alcalde de Estambul en 2019, poniendo fin a 25 años de gobiernos municipales islamistas de la ciudad, y renovó el cargo con amplia mayoría en los comicios de 2024.
Convertido en la figura más popular del CHP, empezaba a perfilarse como candidato para disputar la presidencia a Recep Tayyip Erdogan en las presidenciales previstas para 2028, pero el 19 de marzo de 2025 fue detenido y encarcelado bajo acusaciones de corrupción, junto a cientos de colaboradores municipales, gestores y empresarios.
Un día antes, la universidad en la que Imamoglu se había diplomado en 1994 en Ciencias Empresariales anuló su título, una decisión política, según el afectado, ya que sin titulación universitaria no se puede ser jefe del Estado turco.
El alcalde como jefe de banda
El CHP convocó durante una semana inmensas protestas populares en Estambul contra lo que describía como una actitud de «golpismo» para eliminar a su candidato y recogió millones de firmas a favor de Imamoglu como candidato de consenso del partido.
Imamoglu, ya acusado de varios otros delitos menores, fue condenado en julio pasado a un año y ocho meses por insultos al entonces fiscal jefe de Estambul, Akin Gürlek, el mes pasado nombrado ministro de Justicia, pero el juicio por cargos de corrupción, sobornos, manipulación de licitaciones y extorsión empezó solo el 9 de marzo.
Este macrojuicio, en el que hay más de 400 acusados, muchos de ellos también en prisión preventiva, presenta a Imamoglu como el jefe de una banda criminal y le atribuye incluso «espionaje» por supuestamente haber vendido datos de ciudadanos acumulados mediante una aplicación municipal.
El acusado niega todos los cargos y acusa a la Judicatura de haber orquestado toda la acusación, basada principalmente en afirmaciones de testigos de identidad protegida, para frenar su camino hacia la Presidencia del país, a la que sigue aspirando.
«El Gobierno nunca quiso investigar la corrupción, sino eliminar a un rival. Anularon el diploma de Imamoglu en cuanto anunciamos que íbamos a elegir a un candidato presidencial», ha dicho también el jefe del CHP, Özgür Özel.
El analista turco Ertugrul Özkök asegura que la oleada de detenciones de alcaldes del CHP es «una reacción de ansiedad» del partido islamista AKP tras la derrota en las municipales de 2024, en la que cedió al CHP el puesto de partido más votado tras dos décadas en el poder.
Alta popularidad
«Tras 22 años en el poder, sin perder nunca unos comicios, el AKP vivió los resultados de las elecciones de 2024 como un resbalón y recurrió a métodos impensables en una democracia para frenar ese proceso», evalúa también el politólogo Necmi Erdogan en declaraciones a EFE.
Los juristas no ven claro si la anulación del diploma, recurrida, y los juicios en marcha permitirían a Imamoglu presentarse en las futuras elecciones, que deben celebrarse a más tardar en mayo de 2028, pero es evidente que el proceso solo ha aumentado la popularidad de Imamoglu.
También ha consolidado el liderazgo de Özgür Özel en el CHP y galvanizado las bases del partido, gracias a una presencia en la calle mucho mayor que antes, agrega Necmi Erdogan.
Por otra parte, también mantiene una alta popularidad el alcalde socialdemócrata de Ankara, Mansur Yavas, que figura en las encuestas como el candidato preferido para reemplazar a Imamoglu, si este finalmente no puede presentarse.
Lo que parece seguro es que el Gobierno turco cambiará antes de que se dicte sentencia firme en el juicio contra Imamoglu, ya que según estimaciones del propio tribunal, éste podría alargarse hasta un máximo de 12,5 años, más allá del límite de diez años previstos para mantener a un acusado en prisión preventiva. EFE
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