ONG: Costa Rica, epicentro de la represión transfronteriza contra exiliados nicaragüenses
San José, 10 nov (EFE).- Costa Rica, que acoge a decena de miles de nicaragüenses, se ha convertido en el epicentro de la represión transfronteriza contra exiliados nicaragüenses por parte del Gobierno que dirigen los esposos y copresidentes, Daniel Ortega y Rosario Murillo, denunció la ONG humanitaria Colectivo Nicaragua Nunca Más en un informe presentado este lunes.
El informe, ‘Represión transnacional Nicaragua, más allá de la frontera’, que abarca de 2018 hasta lo que va de 2025 y fue elaborado por esa ONG, revela que los testimonios recopilados «demuestran que Costa Rica no solo es el principal país receptor de exiliados nicaragüenses, sino también el territorio donde se concentra la mayor parte de los hechos de persecución transfronteriza».
«El país se convierte así en una extensión geográfica de la represión política nicaragüense, mediante la infiltración de actores vinculados al régimen, el uso de redes digitales de hostigamiento y la operación de células parapoliciales o individuos que actúan bajo órdenes indirectas del Estado», alertó el abogado y activista de ese Colectivo, Yader Valdivia, al presentar el estudio.
Esa ONG explicó que sistematizó 199 casos concretos de personas que han experimentado hechos que «configuran actos de represión transnacional», en el marco de un universo de 1.446 casos de violaciones a los derechos humanos documentados entre 2019 y 2025.
Entre los hallazgos de la investigación, ese colectivo determinó que el exilio no detiene la persecución política, sino que da lugar a nuevas formas de violencia transnacional.
Entre las amenazas detectadas se encuentran ataques físicos selectivos, vigilancia y hostigamiento a familiares, «que reproducen los mismos mecanismos de persecución, pero en un nuevo territorio».
A juicio del colectivo, el Gobierno de Ortega y Murillo usan el miedo como mecanismo de control, el cual produce no solamente a través de amenazas o ataques directos, sino también por medio de mensajes simbólicos: fotos de balas, publicaciones que revelan conocimiento sobre la ubicación exacta de la víctima, llamadas de advertencia desde números desconocidos, o comentarios públicos sobre la presencia de infiltrados en actividades de exiliados.
Como resultado, muchos exiliados han dejado de participar en actividades políticas o públicas en Costa Rica, han reducido su presencia en redes sociales o prefieren no denunciar hechos de violencia para no correr mayores riesgos, de acuerdo con el informe.
Por tanto, esa ONG concluyó que «las acciones repetidas, dirigidas y coordinadas contra personas exiliadas constituyen una política de Estado que excede la figura de persecución física y se proyecta en formas psicológicas, digitales, simbólicas y documentales».
También que la falta de investigación y sanción oportuna en los países de acogida facilita la expansión de la represión más allá de las fronteras.
Además, que las personas desplazadas no son solo víctimas de violaciones de derechos humanos en su país de origen, sino que continúan siendo objetivos de violencia activa.
Nicaragua atraviesa una crisis política y social desde abril de 2018, que se acentuó tras las controvertidas elecciones de noviembre de 2021, en las que Ortega, próximo a cumplir 80 años y en el poder desde 2007, fue reelegido para un quinto mandato, el cuarto consecutivo.
Esos comicios tuvieron lugar con sus principales contendientes en prisión, a los que luego expulsó del país y privó de su nacionalidad y de sus derechos políticos, tras acusarlos de «golpistas» y «traición a la patria». EFE
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