ONG españolas piden a los eurodiputados rechazar el reglamento de retorno de inmigrantes
Madrid, 3 mar (EFE).- Más de cien organizaciones españolas antirracistas han pedido a los miembros del Parlamento Europeo que voten en contra del reglamento europeo de retorno de migrantes, que abre la puerta a la deportación de personas a terceros países considerados «seguros» y a la creación de centros de retorno en otros Estados.
Entidades como AlgoRace, Irídia, Novact, la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) y Red Acoge alertan en una carta a los miembros del Parlamento Europeo para que esta norma no salga adelante cuando se vote.
En otra misiva, dirigida al presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, le reclaman también que se posicione en contra.
Según informaron las organizaciones en un comunicado, este reglamento europeo posibilita un modelo de deportación caracterizado por menos garantías legales, el aumento de la detención, afectando también a niños, y prácticas que podrían vulnerar principios básicos del Derecho internacional, incluido el de no devolución.
Uno de los aspectos más alarmantes para las entidades es que esta norma permitirá a los Estados la deportación de personas a «terceros países seguros» aunque el migrante no tenga relación con el lugar adonde es trasladado, en función de una lista que incluye Estados «con dudosos estándares de protección de derechos humanos» como Egipto, Marruecos o Colombia.
Además, el reglamento también permitiría la creación de centros en el extranjero para devolver a migrantes que no tengan derecho a permanecer en territorio europeo, una opción a la que España se opuso, pero que terminó imponiéndose.
Más persecución de las personas en situación irregular
Otro elemento que condenan las organizaciones es la obligación de los Estados miembros de «detectar» a personas en situación administrativa irregular, lo que significaría más identificaciones y detenciones por perfil racial.
Esto permitiría las redadas policiales en espacios públicos y privados, incluyendo oficinas y centros de atención humanitaria con controles y verificaciones basados en la apariencia, el idioma o el origen percibido en lugar de la conducta individual.
También ven con preocupación el desarrollo y uso de tecnología para rastrear los movimientos de las personas y aumentar la vigilancia de migrantes indocumentados y personas racializadas, medidas «discriminatorias», que «generan miedo y rompen los lazos sociales y comunitarios».
Las entidades subrayan que, «en un momento de deriva racista y xenófoba» en Europa y el fenómeno global de criminalización y persecución de migrantes, es «fundamental» mantener un compromiso firme con los derechos humanos de todas las personas, «independientemente de su origen y su situación administrativa», y con el Estado de Derecho. EFE
lll/oli/cma/jl/mra
