ONG israelíes denuncian ante ONU la tortura como «violencia estatal institucionalizada»

Jerusalén, 26 nov (EFE).- Un grupo de ONG israelíes de derechos humanos denunciaron ante la ONU el uso por parte del Estado de Israel de la tortura como un instrumento de «violencia estatal institucionalizada» contra los detenidos palestinos en los territorios ocupados y en el propio territorio israelí, que se ha visto agravado desde el ataque de Hamás del octubre de 2023.

En un informe remitido al Comité de las Naciones Unidas contra la Tortura, que publicará sus observaciones sobre Israel en los próximos días, afirman que la tortura «se ha convertido en una herramienta deliberada y generalizada de las políticas estatales» y que se produce durante todo el proceso de detención de los palestinos, desde el arresto, hasta el interrogatorio y el encarcelamiento.

El documento está firmado por cinco organizaciones israelíes -el centro legal Adalah, HaMoked, el Comité Público contra la Tortura en Israel (PCATI), Médicos por los Derechos Humanos Israel (PHRI) y Padres contra la Detención de Niños (PACD)- y detalla que mientras altos funcionarios israelíes han sancionado estos abusos, los mecanismos judiciales, administrativos y médicos no han intervenido.

«A los detenidos palestinos se les niega con frecuencia el acceso a abogados durante largos periodos, la atención médica y el contacto familiar. Las muertes de palestinos bajo custodia israelí han aumentado, registrándose decenas en los últimos dos años», afirma el informe.

Según el documento, basado en testimonios de detenidos y profesionales de la salud, así como visitas a prisiones, las ONG constataron que los ataques de octubre de 2023 en territorio israelí sirvieron como «catalizador» de la escalada en la tortura.

«Las pruebas y los testimonios indican que se cometieron actos de tortura —incluyendo palizas, inanición, agresiones sexuales y violaciones— durante y después del ataque», dice.

Detenidos sin garantías legales

El informe menciona la figura legal de la detención administrativa, por la cual se puede arrestar de forma indefinida a alguien bajo pruebas secretas, que supone el 30 % de los prisioneros y se ha «convertido en la norma» desde octubre de 2023. Afecta solo a palestinos y una reciente recomendación del Gobierno impide que se aplique a colonos israelíes.

Como ejemplo de esta práctica, menciona a la diputada del Parlamento israelí Jalida Yarrar, que estuvo presa así un año tras su arresto en diciembre de 2023 y pasó 6 meses en confinamiento solitario.

También la Ley de Combatientes Ilegales que regula la detención de supuestos milicianos palestinos, por la que Israel creó un «categoría legal» inexistente en el Derecho Internacional por la que les niega sus derechos como prisioneros de guerra, permitiendo 30 días de detención sin orden judicial, 45 días antes de su revisión judicial y 75 de incomunicación.

Como ejemplo, mencionan a una mujer de 82 años de Gaza detenida bajo esta ley y que padecía alzheimer.

Interrogatorios bajo tortura

Las pruebas obtenidas mediante tortura, dice el informe, «se utilizan a menudo en el sistema de justicia penal israelí para implicar y recriminar a otros detenidos».

Explica cómo en la práctica un detenido suele ser interrogado por el Shin Bet (servicio de inteligencia interior) bajo tortura y luego trasladado a una sala separada, donde firma una confesión frente a la policía. Mientras que la tasa de confesión en este caso es del 96,8 %, en las declaraciones solo ante la policía es del 64,8 %.

Las ONG denuncian que desde octubre de 2023 el acceso a los detenidos palestinos es «extremadamente limitado» y que los testimonios recopilados sobre interrogatorios del Shin Bet muestran un «uso sin restricciones de técnicas de tortura» como golpes, posiciones «de estrés», privación de sueño o tirarles de las extremidades en interrogatorios que pueden llegar a durar 48 horas seguidas.

También mencionan frío extremo, celdas infestadas de insectos sin iluminación natural, interrogatorios desnudos, negación de acceso al baño, intimidación sexual y amenazas a familiares.

Ponen el ejemplo de una enfermera palestina de 38 años que explicó cómo le colgaron del techo por las muñecas, dejándole así durante horas. «Durante el interrogatorio en la prisión de Ofer, me apagaron cigarrillos en la cabeza y me echaron café encima. Me golpearon brutalmente», dijo.

«Todas estas técnicas de tortura se emplean con el pleno consentimiento y la autoridad del Estado, como un elemento habitual, aceptado y autorizado de los interrogatorios», dice el informe, que también denuncia condiciones inhumanas en las prisiones con violencia física «grave y reiterada» por los funcionarios de las cárceles, celdas abarrotadas o privación de alimentos. EFE

mt/jlp