ONG pide a tribunal detener estudio que busca reactivar pesca de arrastre en Costa Rica

San José, 13 jun (EFE).- La organización ambientalista MarViva acudió a un tribunal en Costa Rica para solicitar que detenga un estudio con el que se pretende reactivar la pesca de arrastre en el país, una práctica que fue prohibida por la Sala Constitucional debido a los daños ambientales que ocasiona.

La Fundación MarViva anunció este martes que presentó una demanda ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo en contra del estatal Instituto Nacional de Pesca y Acuicultura (Incopesca), ente a cargo del estudio.

En la demanda, la organización solicita «detener, de forma inmediata, el estudio de pesca de camarón que reactiva la pesca de arrastre en mares costarricenses, con el objetivo de evitar daños irreparables o de difícil reparación a los recursos naturales, afectaciones a la actividad económica de la pesca artesanal y deportiva, e impedir el uso indebido, ineficaz e ineficiente de los fondos públicos».

El estudio pretende, según el Incopesca, evaluar técnicas para la pesca de camarón que minimicen el impacto en el ambiente, en especial en el suelo marino y fauna, sin embargo, organizaciones ambientalistas han criticado la aparente falta de rigor científico y de controles sobre los barcos que participan.

La pesca de arrastre consiste en el remolque de una red de grandes dimensiones sobre el fondo marino que captura muchas otras especies que no constituyen el objetivo principal de la actividad, incluyendo peces de interés comercial y no comercial, tiburones, tortugas, moluscos, crustáceos, erizos, estrellas de mar y otros invertebrados.

El director ejecutivo de Fundación MarViva, Erick Brenes, dijo que la investigación que realiza Incopesca tal cual ha sido planteada, no va a generar información científica, si no que estaría habilitando, por un periodo de dos años, que ocho embarcaciones semiindustriales dispongan con total discrecionalidad, de las capturas que se obtengan para fines comerciales.

La propuesta de investigación contiene «metodologías desactualizadas, personal no idóneo, sin fundamento técnico y cuyo planteamiento no permitirá generar los datos que se pretenden obtener, lo que demuestra una falta de interés y cuidado hacia las reglas de la ciencia, la técnica y la lógica, lo cual se evidencia también con la omisión deliberada de involucrar de manera oportuna a la academia”, agregó Brenes.

MarViva criticó que el país «malgasta fondos públicos en un estudio sin rigor científico, ni controles, que no arrojará conclusiones de valor y, más bien, perjudica a los ecosistemas, a la biodiversidad, los fondos marinos y la economía de pescadores artesanales».

En 2020, el entonces presidente de Costa Rica (2018-2022), Carlos Alvarado, vetó una ley que rehabilitaba la pesca de arrastre, una práctica rechazada por ambientalistas y pescadores artesanales debido a sus impactos en el suelo marino y en diversas especies.

La pesca con redes de arrastre está prohibida en el país desde 2013 por orden de la Sala Constitucional, que determinó que esa práctica daña el ambiente.

Sin embargo, grupos políticos y pesqueros han impulsado desde entonces leyes e iniciativas para rehabilitar la técnica, basados en el uso de unos dispositivos especiales que supuestamente reducen la pesca de la fauna de acompañamiento. EFE

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