Oposición nicaragüense pide a la UE condicionar el Acuerdo de Asociación con Nicaragua

San José, 15 jul (EFE).- Las opositoras Concertación Democrática Nicaragüense (CDN) y Unamos pidieron este martes a la Unión Europea (UE) invocar el pilar de diálogo político como requisito para la relación comercial con Nicaragua en el marco del Acuerdo de Asociación con Centroamérica.

En una carta enviada a la Alta Representante de la UE para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Kaja Kallas, la CDN solicitó que el capítulo de diálogo político «se invoque de inmediato como requisito vinculante para la puesta en marcha de cualquier medida de cooperación bajo el Acuerdo» de Asociación.

Entre esos requisitos propusieron la liberación de los presos políticos, la restauración de la independencia judicial y el acceso sin restricciones de observadores electorales internacionales en Nicaragua, «que deberán cumplirse antes de continuar las negociaciones sobre la asignación de fondos o la ampliación de las preferencias comerciales”.

«Confiamos en que la Unión Europea, bajo su liderazgo, se mantenga firme en su compromiso de defender la democracia, el Estado de derecho y los derechos humanos. Contamos con su apoyo para garantizar que nuestras aspiraciones compartidas de prosperidad y estabilidad vayan de la mano de una auténtica reforma política en Nicaragua», abogó ese movimiento opositor nicaragüense desde el exilio.

En la carta, la CDN expresó además su preocupación por la participación de representantes del Gobierno de Nicaragua en la primera reunión del Consejo de Asociación Unión Europea-Centroamérica para la implementación del Acuerdo de Asociación (ADA), que se realiza en Bruselas.

«Resulta motivo de grave preocupación que el Gobierno de Nicaragua continúe enfrentando acusaciones creíbles de crímenes de lesa humanidad, tal como lo documentan el Comité de Derechos Humanos de la ONU y el Grupo de Expertos de Derechos Humanos de Nicaragua, al mismo tiempo que se prepara para asistir a la reunión de ministros de Relaciones Exteriores de la ADA», criticó.

La crisis de derechos humanos en Nicaragua

Por su lado, la Unión Democrática Renovadora (Unamos) también dirigió una carta a Kallas en la que le hizo un resumen de la crisis sociopolítica y de derechos humanos que vive Nicaragua desde abril de 2018 y que desde entonces «el régimen ha instalado un estado de terror contra la población».

«El estado de excepción de facto ha significado la anulación de todas las libertades ciudadanas, el asesinato de más de 350 nicaragüenses resultado de la acción represiva de las fuerzas policiales y parapoliciales, el encarcelamiento de más de 2.000 personas de las cuales hoy se mantienen en prisión 53», señaló esa organización política.

Observó, además, que «el régimen nicaragüense ha despojado de su nacionalidad a 452 nicaragüenses, mediante sentencias espurias o decretos entre febrero del 2023 y septiembre del 2024» y que «hay un número indeterminado de nicaragüense que se encuentran como apátridas de facto, ya que el régimen les ha impedido reingresar al país».

Asimismo, Unamos estimó que el 13 % de la población nicaragüense, calculada en 6,7 millones de habitantes, ha emigrado desde el 2018 a la fecha, por causa de la crisis política y sus consecuencias sociales y económicas.

También que a la fecha hay más de 5.600 organizaciones no gubernamentales, de todo tipo, a las que se le ha cancelado la personalidad jurídica.

Además, que a inicios de año entró en vigor una reforma constitucional que anula la división de poderes del Estado, concentrando todo el poder en la figura de la Copresidencia -que ejercen los esposos, Daniel Ortega y Rosario Murillo-, y que anula la prohibición de la tortura y conculca libertades fundamentales.

«La Unión Europea no puede pasar por alto esta dramática situación», consideró Unamos, que recordó que el pasado mes de febrero el Parlamento Europeo aprobó una resolución sobre Nicaragua en la que pide a los Estados miembros que se active la cláusula democrática del Acuerdo de Asociación, que vincula el respeto a los principios democráticos y los derechos humanos.EFE

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