Países Bajos prolonga hasta junio de 2026 los controles fronterizos con Alemania y Bélgica
La Haya, 10 nov (EFE).- El Gobierno neerlandés anunció este lunes que prorrogará los controles fronterizos internos con Alemania y Bélgica hasta al menos el 8 de junio de 2026, con el objetivo de frenar la migración irregular y el tráfico de personas y ante lo que considera “una grave amenaza” para el orden público y la seguridad interior.
El ministro interino de Asilo y Migración, David van Weel, explicó en una carta enviada al Parlamento que la gendarmería continuará con los controles iniciados en diciembre de 2024, y prorrogados ya en abril pasado, «de forma flexible y dirigida», basada en el riesgo y concentrándose en los pasos fronterizos con Bélgica y Alemania y en los vuelos dentro del espacio Schengen con mayor riesgo migratorio.
Según los datos remitidos a la Cámara, en los últimos nueve meses la gendarmería interceptó cerca de 500 personas en los controles fronterizos, una cifra ligeramente superior a la registrada con los controles habituales.
Pese a la caída del 21 % en los cruces irregulares de las fronteras exteriores de la Unión Europea durante los primeros ocho meses de 2025 y a la reducción del 38 % en las solicitudes de asilo en Países Bajos respecto al mismo periodo del año anterior, el Gobierno considera que la presión sobre el sistema de acogida de refugiados “sigue siendo alta”.
El número de residentes en centros de asilo alcanzó en septiembre los 74.860, un 7 % más que un año antes, y casi la mitad de las plazas siguen siendo en sitios de emergencia.
El ministro subraya que el país afronta al mismo tiempo la acogida de casi 90.000 desplazados ucranianos, con una ocupación del 99,8 % en los centros de emergencia, y que esta carga «puede derivar en un aumento de la amenaza al orden público».
La Cámara de Cuentas neerlandesa ya advirtió de que los controles fronterizos apenas reducen la presión sobre el sistema del asilo, ya que los solicitantes de protección no pueden ser rechazados legalmente en frontera, pero el Ejecutivo aún defiende su utilidad.
La medida ha sido criticada también por algunos responsables locales, que la calificaron de “política simbólica”. Esta decisión solo puede justificarse si existe una “grave amenaza para el orden público o la seguridad interior”, según la normativa europea. EFE
ir/ahg/rf
