Perú tiene en suspenso salvoconducto a exministra de Castillo asilada en embajada mexicana
Lima, 10 nov (EFE).- La ex primera ministra peruana Betssy Chávez cumple este lunes una semana asilada en la residencia de la Embajada de México en Lima, mientras el Gobierno de Perú reafirma que solo tomará una decisión sobre el salvoconducto que le debe entregar para salir del país cuando culminen sus consultas internacionales y formalice su planteamiento de modificar la Convención de Caracas de 1954.
Chávez y su entorno se mantienen, de momento, en silencio, a la vez que se desarrollan las audiencias con los alegatos finales del juicio oral que se sigue contra ella y el expresidente izquierdista Pedro Castillo por el fallido intento de golpe de Estado del 7 de diciembre de 2022.
El Gobierno de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, comunicó el lunes pasado que Chávez se encontraba en su embajada en Lima, tras lo cual Perú anunció la ruptura de las relaciones diplomáticas, que desde inicios de 2023 ya funcionaban sin embajadores al no reconocer el país norteamericano la legitimidad de la entonces presidenta peruana Dina Boluarte (2022-2025), quien reemplazó a Castillo.
El presidente de transición de Perú, José Jerí, confirmó el viernes pasado que la ex primera ministra «no podrá viajar a México» hasta que su gobierno tome una decisión sobre el salvoconducto que debe darle.
El mandatario ratificó que se tomará «el tiempo que sea pertinente y que el Gobierno de Perú determine» para anunciar una decisión final.
Consultas en seno de la OEA
El mismo viernes, el Gobierno de Perú anunció que planteará a los países de la Organización de Estados Americanos (OEA) que se modifique la Convención de Caracas de 1954, por considerar que se ha tergiversado el derecho al asilo.
Esa convención impide dar asilo a procesados por delitos comunes, pero faculta al Estado asilante a «calificar la naturaleza del delito o los motivos de la persecución».
Las autoridades peruanas rechazan que Chávez sea una perseguida política o se le esté «procesando por sus ideas», sino que se le juzga por presuntamente haber cometido un delito, e interpretan el asilo como una injerencia en asuntos internos.
En ese sentido, el ministro de Relaciones Exteriores de Perú, Hugo de Zela, declaró este domingo que antes de fin de año esperan presentar la propuesta para la modificación de la Convención de Caracas y dijo que México ha tomado una decisión «ideológica» al otorgar el asilo.
Tras la ruptura de las relaciones diplomáticas bilaterales, este fin de semana se informó que la encargada de la Embajada de México en Perú, Karla Ornelas, ya abandonó el país.
Jerí anunció la semana pasada que se dio un «plazo perentorio» para dejar el país a Ornelas, quien asumió la conducción de la legación mexicana tras la expulsión, en diciembre de 2022, del entonces embajador Pablo Monroy luego de que el gobernante Andrés Manuel López Obrador calificara de «usurpadora» a Boluarte.
Tanto Sheinbaum como López Obrador han exigido en varias oportunidades la libertad de Castillo al considerar que fue este quien en realidad sufrió un golpe de Estado que atribuyen a los grupos de poder peruanos que dominan el Congreso.
También el Parlamento peruano declaró persona non grata a Sheinbaum, por su «inaceptable injerencia en asuntos internos del Perú», una medida sin efectos tangibles más allá de la declaración, que fue rechazada por el Gobierno de México al considerar que está «motivada por planteamientos falsos». EFE
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