Piden revisar el patrimonio de la vicepresidenta filipina ante peticiones de destitución
Bangkok, 25 mar (EFE).- El Comité de Justicia de la Cámara de Representantes de Filipinas reclamó este miércoles revisar los registros patrimoniales de la vicepresidenta, Sara Duterte, a raíz de las solicitudes que piden su destitución por supuestos delitos de corrupción.
Como estaba previsto, Duterte, quien ya sobrevivió un proceso similar en 2025 y ha anunciado su candidatura para las elecciones presidenciales de 2028, no asistió a esta primera audiencia pública celebrada por el comité, una de las fases iniciales del largo proceso que podría acarrear su destitución.
Durante una sesión televisada de más de cuatro horas y pese al voto en contra de uno de sus miembros, el panel aprobó numerosas mociones para llamar a testigos a declarar y pedir documentos oficiales relacionados con la investigación, entre ellos las declaraciones de patrimonio de la vicepresidenta desde 2007 hasta el año pasado y la declaración de impuestos de su marido.
También reclamó a la Policía los registros de la investigación sobre la amenaza de muerte que profirió Duterte -hija del exmandatario Rodrigo Duterte (2016-2022)- en noviembre de 2024 contra el presidente, Ferdinand Marcos Jr, cuando esta afirmó haber ordenado matarlo si ella misma era asesinada.
En un comunicado publicado en las redes sociales, Duterte denunció hoy que estas audiencias son una «investigación indiscriminada» contra su persona y que sirven como cortina de humo para tapar los problemas económicos que sufre el país.
Una de las demandas presentadas contra la vicepresidenta la acusa de traición a la confianza pública, corrupción y sobornos, por el supuesto uso indebido de 612 millones de pesos (unos 10 millones de dólares) en fondos confidenciales, así como sus amenazas contra Marcos.
Estas audiencias todavía son parte de una fase preliminar del proceso. El comité deberá emitir unas conclusiones que se remitirán al pleno de la Cámara de Representantes para su votación, donde se necesita la aprobación de un tercio de sus miembros para enviar la acusación al Senado.
Una vez en la Cámara Alta, los 24 senadores -varios vinculados al clan Duterte- actuarían como jueces junto al presidente del Tribunal Supremo y se requiere una mayoría de dos tercios para emitir una condena.
En febrero de 2025, una investigación similar pasó el filtro de la Cámara de Representantes. Pero, unos seis meses después, fue invalidada por el Tribunal Supremo a raíz de defectos técnicos.
Las leyes filipinas estipulan que solo se puede realizar un nuevo juicio político en un año. Por lo que el veto del Supremo significó que Duterte fuera inmune hasta el pasado febrero, cuando se presentaron las denuncias que se investigan ahora.
Duterte fue elegida vicepresidenta durante las elecciones de mayo de 2022, a las que concurrió formando un tándem con Marcos Jr.
La alianza de estas dinastías políticas comenzó a desintegrarse pronto y llegó a su punto álgido en noviembre de 2024, con las amenazas de Sara Duterte. EFE
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