Suiza se limita a lo estrictamente necesario para mejorar la transparencia de su sistema financiero

Para un centro financiero mundial de la envergadura de Suiza, cumplir con las normas mínimas en materia de intercambio de información no es suficiente para luchar contra los riesgos relacionados con el blanqueo de capitales, la corrupción y la evasión fiscal.

Una vez más, Suiza figura entre los principales defensores del secreto financiero. Ocupa el segundo puesto en el Índice de Opacidad Financiera 2026 de la Red para la Justicia Fiscal. Según la ponderación del índice a escala mundial, no es el mayor centro financiero offshore al servicio de los no residentes: de hecho, el valor que se le atribuye solo representa el 14 % del de Estados Unidos.

Tampoco es la jurisdicción más hermética del mundo. Panamá y los Emiratos Árabes Unidos, por ejemplo, obtienen peores resultados en cuanto a la solidez de sus marcos normativos y de transparencia. Pero si se combinan su considerable envergadura financiera y sus persistentes deficiencias en materia de transparencia, Suiza sigue siendo el núcleo del sistema mundial de secreto financiero.

El índice de opacidad financieraEnlace externo no sugiere que sea gracias al secreto financiero por lo que Suiza se ha convertido en un centro financiero de tal envergadura. La estabilidad jurídica del país, su reputación, su situación geográfica y muchos otros factores han contribuido sin duda a su éxito. Pero, sean cuales sean las razones, tal posición conlleva responsabilidades. Con tanto dinero transitando por las cuentas bancarias, las sociedades, el sector inmobiliario y los fideicomisos suizos, los riesgos de evasión fiscal, corrupción y blanqueo de capitales son considerables.

Sin embargo, en comparación con muchos de sus homólogos, el marco de transparencia de Suiza sigue estando rezagado.

La apariencia de cumplimiento de las normas internacionales en materia de intercambio automático de información y otras iniciativas de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) oculta una tendencia constante a limitarse a lo estrictamente mínimo exigido, sin ir más allá.

En materia de medidas de transparencia, Suiza se ve superada por numerosos países de la Unión Europea y de la OCDE. Para un centro financiero mundial de su envergadura, conformarse con el cumplimiento de las normas mínimas en materia de intercambio de información, o poner la información sobre los beneficiarios efectivos a disposición únicamente de las autoridades, excluyendo a periodistas y a organizaciones de la sociedad civil, no basta para luchar contra los riesgos de blanqueo de capitales, corrupción y evasión fiscal.

La asistencia administrativa en materia de recaudación de impuestos, así como el intercambio de información sobre cuentas bancarias, son ejemplos evidentes de ello.

El hecho de que Estados Unidos resulte cada vez más atractivo para no residentes —debido a las lagunas en torno al intercambio automático de información sobre cuentas bancarias previsto en la Ley de Cumplimiento Tributario de Cuentas Extranjeras estadounidense (FATCA), en comparación con el Estándar Común de Comunicación de Información (CRS) de la OCDE —, o que los patrimonios puedan trasladarse a centros financieros como Dubái y Singapur, no debería servir de pretexto a Suiza para rebajar sus ambiciones en materia de intercambio automático de información.

Los países europeos tienen una responsabilidad y una deuda con los países y las comunidades del Sur de los que obtuvieron recursos y prosperidad a través del colonialismo. Del mismo modo, Suiza debe asumir la responsabilidad de haber concebido el sistema mundial de secreto financiero —que facilita los flujos financieros ilícitos y la fuga de capitales fuera de los países del Sur— y de ser uno de sus principales artífices.

Para muchos países de bajos ingresos, el acceso a la información fiscal puede resultar tan valioso como la ayuda al desarrollo. De hecho, permite a las autoridades identificar patrimonios offshore no declarados, hacer cumplir su legislación fiscal y recaudar ingresos que, de otro modo, se perderían.

La contribución más valiosa de Suiza al desarrollo internacional no se limita, por tanto, a su ayuda al desarrollo. Reside también en su capacidad para compartir información fiscal y garantizar que los países del Sur reciban la información que necesitan para hacer cumplir su legislación fiscal, reducir sus déficits fiscales y acceder a la movilización de los recursos nacionales que tanto necesitan.

Para Suiza, esto implica ir más allá de las limitaciones de los marcos existentes en materia de intercambio de información y considerar el intercambio de información fiscal como una forma de ayuda al desarrollo.

En la actualidad, muchos de los países más afectados por los abusos fiscales extraterritoriales se ven, de hecho, excluidos del sistema de la OCDE de intercambio automático de información sobre cuentas financieras.

En virtud de la Norma Común de Declaración (NCD/CRSEnlace externo), los países solo reciben información si están en condiciones de proporcionar a su vez información equivalente. Sin embargo, para muchos países del Sur, la aplicación de la NCD resulta extremadamente costosa. Resultado: a algunos países se les puede denegar el acceso a la información sobre las cuentas bancarias suizas de sus residentes simplemente porque no disponen de los recursos necesarios para participar plenamente en el sistema, incluso cuando la información que Suiza recibiría a cambio es insignificante.

La situación podría ser diferente.

Ninguna disposición del derecho internacional impide a Suiza compartir información de forma no recíproca. Podría facilitar, cada año, información anonimizada y agregada a los países de bajos ingresos que actualmente no tienen acceso al intercambio de información, y ayudar así a los responsables políticos a comprender dónde se encuentran las fortunas offshore no declaradas.

También podría compartir de forma espontánea información sobre cuentas bancarias importantes a nombre de residentes de los países más pobres del mundo, siempre que estos sean signatarios del Convenio sobre asistencia administrativa mutua en materia fiscal (MAACEnlace externo). En el caso de los países no signatarios, podría poner en marcha programas ad hoc para apoyar el intercambio de información y la aplicación de la legislación fiscal. Ninguno de estos obstáculos es insuperable.

La reticencia de Suiza a ir más allá del mínimo exigido no es nada nuevo. En materia de cooperación fiscal, el país lleva décadas actuando así.

Suiza ha luchado enérgicamente por preservar su secreto bancario, oponiéndose al intercambio de información cuando las solicitudes se basaban en fugas de datos.

También ha intentado impedir la implantación del intercambio automático de información a través de los acuerdos RubikEnlace externo. Estos acuerdos preveían que Suiza recaudara ingresos fiscales procedentes de cuentas suizas no declaradas en beneficio de otros países, al tiempo que preservaba el anonimato de los titulares de dichas cuentas.

Cuando estos esfuerzos fracasaron, Suiza ejerció su influencia para introducir restricciones en el sistema de la OCDE relativo al intercambio automático de informaciónEnlace externo, en particular requisitos de reciprocidad que aún hoy siguen excluyendo a numerosos países en desarrollo, así como el principio de «especialidad» (uso de la información únicamente con fines fiscales), que impide que dicha información se utilice para luchar contra el blanqueo de capitales, la corrupción y otros delitos no fiscales.

En otros ámbitos relacionados con la asistencia administrativa, Suiza se limita a lo estrictamente necesario desde el punto de vista jurídico y político, sin ir realmente más allá.

El Índice de Opacidad Financiera 2025 ha analizado en qué medida los países recurren a las cláusulas de exención previstas en el Convenio relativo a la asistencia administrativa mutua en materia fiscal, el principal tratado mundial en materia de cooperación fiscal internacional. A diferencia de muchos de sus vecinos, Suiza ha optado por no participar en el cobro de deudas fiscales extranjeras y por no intercambiar información sobre impuestos distintos del impuesto sobre la renta y el impuesto sobre el patrimonio.

Estas no son las características de un país que aspire a desempeñar un papel destacado en materia de cooperación fiscal internacional. Las investigaciones de la Red para la Justicia Fiscal muestran que el recurso masivo a las excepciones previstas por el MAAC se asocia de manera desproporcionada a las jurisdicciones que practican el secreto bancario.

La edición de 2026 del Índice de Opacidad Financiera constata, una vez más, el retraso de Suiza con respecto a muchos de sus homólogos. Su balance en materia de transparencia sobre la titularidad real y el sector inmobiliario es especialmente revelador. A pesar de estar rodeada por la Unión Europea, que lleva más de una década a la vanguardia en materia de transparencia de la titularidad real, Suiza se ha quedado rezagada en numerosas ocasiones.

No fue hasta el pasado 12 de junio cuando el país anunció que su tan esperado marco de registro de beneficiarios efectivos entraría en vigor el próximo mes de octubre. Se trata de un avance, pero también es típico de la forma en que el país tiende a adoptar reformas en materia de transparencia solo tras una presión internacional sostenida, y a menudo únicamente en la medida mínima exigida. E incluso en este caso, persisten importantes lagunas: el nuevo marco excluye a ciertos tipos de entidades jurídicas y fideicomisos extranjeros que operan en Suiza.

Es hora de que Suiza deje de apostar por el secreto bancario como ventaja competitiva.

El país debería replantearse su papel en el sistema financiero mundial y empezar a apoyar a los países del Sur que más han sufrido a causa del secreto offshore y la fuga de capitales. Un buen punto de partida sería respaldar la Convención Fiscal de las Naciones Unidas como vehículo para una cooperación fiscal internacional inclusiva y universal, reforzar la transparencia en materia de propiedad efectiva y de bienes inmuebles, y garantizar que los países de bajos ingresos puedan acceder a la asistencia administrativa y a la información fiscal de Suiza, incluso cuando ello requiera un intercambio de información de forma espontánea o no recíproca.

Las opiniones expresadas en este artículo son exclusivamente de los autores y no reflejan posición alguna de Swissinfo.

Entrega original en inglés revisada y verificada por Virginie Mangin; adaptación al español por Patricia Islas