Presidente de tribunal de paz colombiano: «Viene una cantidad de sentencias impresionante»

Jaime Ortega Carrascal

Bogotá, 21 nov (EFE).- El presidente de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), el magistrado Alejandro Ramelli, espera que ese tribunal, creado para juzgar los crímenes cometidos con ocasión del conflicto armado colombiano, cierre en 2026 los once macrocasos abiertos y augura que en algunos de ellos habrá «una cantidad de sentencias impresionante».

Ramelli, que asumió en noviembre de 2024 la conducción de la JEP con la tarea de impulsar las primeras sentencias, señaló en una entrevista con EFE que «el dato más importante» de su primer año de gestión son las condenas a penas restaurativas -que no conllevan cárcel- emitidas en septiembre contra siete integrantes del último mando de las FARC por los secuestros cometidos por esa guerrilla y contra doce exmilitares por asesinatos de civiles, los llamados ‘falsos positivos’.

«Igualmente seguimos avanzando para el cierre de los otros macrocasos, de los 11 macrocasos que tenemos», expresó el magistrado.

Esos procesos abarcan delitos como el reclutamiento de menores, crímenes no amnistiables cometidos tanto por las FARC como por la fuerza pública y agentes del Estado asociados con paramilitares, violencia de género y sexual, el exterminio del partido de izquierdas Unión Patriótica, crímenes contra pueblos étnicos y violaciones a los derechos humanos de comunidades territoriales.

«Para el año que viene, yo espero que vengan más sentencias, tanto por el lado adversarial (con penas de cárcel para quienes no colaboran con la Justicia) como por el lado restaurativo», un beneficio al que pueden acceder quienes contribuyen al esclarecimiento de la verdad, aseguró.

Ramelli recordó que en el Caso 01, abierto por «toma de rehenes, graves privaciones de la libertad y otros crímenes concurrentes cometidos por las FARC», se emitió hace dos meses la primera sentencia a penas alternativas de ocho años de restricción efectiva de sus derechos «contra el antiguo Secretariado, pero vendrán otras sentencias contra los mandos medios. No es que el caso haya terminado».

«En el Caso 03, hubo una primera sentencia, solamente contra doce integrantes del Batallón La Popa, pero viene una cantidad de sentencias impresionante», indicó sobre el proceso por «asesinatos y desapariciones forzadas presentados como bajas en combate por agentes del Estado».

Una tarea de 20 años

La JEP, creada por el acuerdo de paz firmado en noviembre de 2016 por el Gobierno colombiano y las FARC, comenzó sus trabajos el 15 de marzo de 2018, por lo que, transcurridos siete de los 20 años por los que estará vigente, han aflorado las críticas por la demora en emitir sentencias.

«Obviamente, la idea es culminar lo antes posible esa labor de la sala (de reconocimiento de verdad, de responsabilidad y de determinación de los hechos y conductas) para que el tribunal emita las sentencias, bien sea por la vía restaurativa o por la vía adversarial», explicó el presidente de la JEP.

De los otros nueve macrocasos abiertos, el magistrado afirma que «tienen que salir diferentes sentencias» pues los procesos ya están avanzados y «algunos ya están ante el tribunal», que es la instancia que las emite.

Entre esos destaca los que tratan «asuntos territoriales», como el Caso 05, que investiga hechos de violencia de las FARC en el norte del departamento del Cauca y el sur del Valle del Cauca, una región donde aún hoy, y a pesar de la firma de la paz, la violencia sigue golpeando de manera implacable a sus habitantes.

«Ese caso está muy avanzado, y también el Caso 02, en el que también ya están imputados (exmiembros de las FARC) por los crímenes cometidos contra la población (indígena) awá en Nariño», indicó.

Además, está el caso de la región de Urabá, limítrofe con Panamá, «que es bastante grande» y, en el Caso 07, por «reclutamiento y utilización de niños y niñas en el conflicto armado», los responsables «ya tienen la imputación de cargos».

En ese punto, el magistrado destacó que en noviembre de 2024 la Sala de Reconocimiento imputó a seis exintegrantes del último mando de las FARC como máximos responsables del reclutamiento de 18.677 niños y niñas entre 1971 y 2016.

«Son más de 18.000 reclutados por las FARC, más todo el tema de las violencias basadas en género. En este momento, la sala está determinando si el reconocimiento parcial que hicieron los antiguos integrantes del Secretariado es válido o no, porque ellos aceptaron (delitos), pero no todos», manifestó.

Igualmente «hay que terminar de cerrar el caso étnico, que es el 09; el caso de violencia sexual, que es el 11, y el caso 10 de otras violaciones al derecho internacional humanitario (DIH) cometidas por la guerrilla».

Ramelli viajará la próxima semana a Europa para reunirse en París con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), con representantes del sistema de derechos humanos de Naciones Unidas (Ginebra) y con la Corte Penal Internacional (La Haya) para hablar, entre otros asuntos, de la posibilidad de que el sector privado ayude a financiar los trabajos de la JEP. EFE

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