Prisión preventiva para exministro de Energía investigado por corrupción en Ecuador
(Actualiza con datos de la investigación fiscal)
Quito, 22 may (EFE).- La Justicia ecuatoriana ordenó este viernes la prisión preventiva del exministro de Energía Antonio Goncalves, quien está siendo investigado por malversación de fondos públicos en contratos para la generación eléctrica firmados durante la crisis de energía ocurrida en 2024, en el Gobierno anterior de Daniel Noboa.
Goncalves es una de las 21 personas investigadas en este caso, denominado por la Fiscalía como ‘Apagón’, y deberá cumplir esta medida como otros 18 procesados por el presunto delito de peculado, según señaló el Ministerio Público.
Además, uno de los investigados cumplirá arresto domiciliario y otro, deberá presentarse periódicamente ante la Justicia.
El jueves, en una carta pública al país difundida en sus redes sociales, el presidente Noboa se refirió, entre otros temas, al caso.
«Que se vayan presos los culpables, basado en las acusaciones de Fiscalía e informes de Contraloría, no los que la oposición desesperada quiere culpar. Pelearemos hasta el final por recuperar hasta el último dólar», señaló el gobernante.
El inicio de la investigación se hizo público en julio pasado, después de que el entonces ministro de Obras Públicas, Roberto Luque, anunciara en sus redes sociales que se estaba indagando en los procesos de contratación de la estatal Corporación Eléctrica del Ecuador (Celec) realizados durante la emergencia eléctrica declarada en 2024.
«Cerrarle la puerta a la corrupción es precisamente abrir puerta de esa transparencia», señaló entonces el funcionario, quien estuvo encargado del Ministerio de Energía y Minas entre abril y julio de 2024, pero no ha sido vinculado al proceso.
Según la Fiscalía, las 21 personas procesadas «habrían evadido y omitido procedimientos de contratación pública para favorecer» a la empresa Progen, con sede en Estados Unidos, «mediante la adjudicación de contratos, pese a que no cumplía con las especificaciones técnicas ni con las obligaciones derivadas del objeto contractual».
Los contratos investigados son los relacionados con la adquisición de generadores para una central eléctrica ubicada en Guayaquil, la ciudad más grande del país, y otra en el municipio de Quevedo, de la provincia de Los Ríos.
Pese a las irregularidades y deficiencias detectadas, los contratos fueron adjudicados a Progen y el Gobierno pagó el 70 % del valor total por concepto de anticipo, unos 104 millones de dólares, «monto que constituiría el presunto perjuicio para el Estado», agregó el Ministerio Público.
De acuerdo a la tesis fiscal, la empresa habría entregado generadores que no eran nuevos ni técnicamente compatibles y nunca entraron en funcionamiento.
Ecuador sufrió una crisis energética que provocó severos racionamientos de electricidad a finales de 2024 a causa, entre otros, de la sequía de los ríos que alimentan sus principales hidroeléctricas.
Entre septiembre y diciembre de 2024, se registraron apagones programados que, en sus momentos más críticos, llegaron a catorce horas diarias.
El país andino tiene una matriz eléctrica compuesta en más de un 70 % de energía hidroeléctrica. EFE
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