Rumanía sigue atrapada en una crisis política un año después de anular las presidenciales
Alexandra Spanu
Bucarest, 23 nov (EFE).- Rumanía, que anuló hace un año sus elecciones presidenciales por sospechas de injerencia rusa, sigue sin salir de su crisis política: la coalición europeísta nacida del repetido proceso electoral gobierna entre recortes, protestas y un descontento creciente que alimenta el auge ultranacionalista.
La primera vuelta de las presidenciales del 24 de noviembre de 2024, en las que venció el hasta entonces poco conocido ultraderechista Calin Georgescu, fue anulada por el Tribunal Constitucional el 6 de diciembre por la injerencia de «un actor estatal extranjero», en referencia a Rusia, y se ordenó repetir todo el proceso.
Georgescu está ahora bajo control judicial, fue inhabilitado como candidato y afronta cargos que incluyen atentar contra el orden constitucional.
En la repetición de las presidenciales, el pasado mayo, se impuso el europeísta Nicusor Dan, que impulsó un Gobierno europeísta bajo el que no ha terminado la crisis ni llegado la estabilidad.
Una coalición de conveniencia
El país está gobernado por una coalición de circunstancia y conveniencia formada por el Partido Social Demócrata (PSD), el conservador Partido Nacional Liberal (PNL), la centrista USR y la minoría húngara, cuyos desacuerdos bloquean reformas clave, en especial las destinadas a reducir el gasto y déficit público.
El principal vínculo que une a la coalición es evitar que la ultranacionalista Alianza para la Unión de los Rumanos (AUR) llegue al poder, y las divisiones internas son enormes.
En medio de esta situación, Rumanía es, con diferencia, el país con la inflación más alta de la Unión Europea (UE), con un 8,4 % interanual en octubre, muy por delante del 4,5 % de Estonia, en segundo lugar, según datos de Eurostat.
Rumanía, el segundo país más pobre de la Unión Europea y el que tiene más diferencias entre campo y ciudad del bloque, cerró 2024 con el mayor déficit de los 27, un 9,3 % del PIB.
En medio del malestar económico, los últimos sondeos sitúan a AUR encabezando la intención de voto con un 38 % de los apoyos, mientras que los dos partidos tradicionales, el PSD y el PNL, caen al 19,5 % y al 15 %, respectivamente.
«Dado que se trata de una coalición formada por muchos partidos con ideologías diferentes, no sorprende que las reformas reales tarden en llegar, algo que genera gran escepticismo entre una parte importante de la población», explica a EFE el analista político Radu Turcescu.
Según el experto, «la gente siente que paga las consecuencias de las malas decisiones de los políticos, mientras que los privilegios de ciertas categorías sociales permanecen completamente intactos».
Las medidas impopulares adoptadas este verano por el Gobierno del conservador Ilie Bolojan -subidas de impuestos, congelación de sueldos y recortes- han disparado el apoyo a la oposición ultra.
Medidas de austeridad
El Gobierno ha generado gran malestar al elevar el IVA del 19 % al 21% como parte de un paquete de austeridad que incluye mayores contribuciones de autónomos, nuevos impuestos a empresas y una congelación salarial en el sector público.
Además, se quiere recortar en un 10 % el gasto salarial ministerial y eliminar primas y bonificaciones en 2026.
Los sindicatos critican que estas medidas ahorran menos del 0,5 % del gasto total en personal y reclaman alternativas como combatir la evasión fiscal.
Y dentro de la coalición de gobierno persisten tensiones, especialmente porque el PSD rechaza cualquier recorte salarial y advirtió que abandonará el Ejecutivo si se intentan reducir sueldos.
«Los rumanos quieren ver la resolución de las desigualdades sociales, la reforma del Estado y las instituciones, y la eliminación de los privilegios de la clase política actual, pero lamentablemente solo ven aumentos de impuestos y disputas», subraya Turcescu.
Hasta Nicusor Dan ha reconocido la dureza del momento: «A los rumanos les va peor ahora mismo que hace seis meses» porque con una inflación del 10 %, «cada rumano compra un 10 % menos de lo que podría comprar».
La inflación -en un país donde el salario mínimo apenas supera los 500 euros netos y el medio no llega a 1.100- y los nuevos recortes han desencadenado protestas.
Crecimiento de la ultraderecha
Sindicatos de profesores, policías, estudiantes y trabajadores de la Administración reclaman frenar los ajustes, reducir los impuestos sobre el trabajo y aumentar la inversión pública, y no descartan huelgas en las próximas semanas.
Los analistas políticos no ven salidas a la situación actual, ya que los recortes son necesarios para reducir el déficit, al mismo tiempo que alientan el crecimiento electoral de la ultraderecha que, en caso de elecciones, necesitaría aún un socio de Gobierno.
Algunos politólogos apuntan a una posible futura coalición entre AUR y el PSD, que en un reciente congreso decidió renunciar en sus estatutos a la definición de «progresista» para redefinirse como defensor de los valores «nacionales, religiosos y tradicionales».EFE
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