Senegal aprueba una polémica ley de amnistía en medio de la crisis por la demora electoral
Dakar, 6 mar (EFE).- La Asamblea Nacional de Senegal (Parlamento unicameral) aprobó este miércoles la polémica ley de amnistía general que condona los delitos cometidos durante las sangrientas protestas ocurridas en el país desde 2021, con el objetivo de impulsar la reconciliación nacional en medio de la crisis desatada por el aplazamiento de las elecciones presidenciales. La norma, discutida a petición del presidente senegalés, Macky Sall, fue aprobada por 94 votos a favor, frente a 48 en contra y 2 abstenciones. Según el borrador legislativo adoptado por el Consejo de Ministros la pasada semana, la medida perdona todos los actos que pudieran calificarse de delitos cometidos entre el 1 de febrero de 2021 y el 25 de febrero de 2024, tanto en Senegal como en el extranjero. Entre los posibles beneficiados por la propuesta se encuentra el principal líder de la oposición, Ousmane Sonko. «Si Macky Sall quiere liberar a los detenidos políticos, puede retirar los cargos (…). Si Macky Sall quiere liberar al (líder opositor) Ousmane Sonko, injustamente encarcelado, que retire los cargos», destacó durante el debate el diputado Guy Marius Sagna, uno de los más críticos con el proyecto de ley. La medida ha sido condenada por la mayoría de la oposición, que cree que llevaría a un incumplimiento por parte del Estado senegalés de su obligación de justicia con las familias de las más de sesenta personas muertas durante las manifestaciones, según datos de la organización Amnistía Internacional (AI). La ministra de Justicia, Aïssata Tall Sall, aseguró en la sesión parlamentaria que quedarán excluidos de la amnistía los casos de tortura o tratos degradantes de detenidos. “En este sentido, se impondrán sanciones si existen pruebas que las acrediten”, destacó la ministra. Aunque la propuesta de ley no menciona nombres particulares, entre los beneficiados podrían encontrarse tanto Sonko como el candidato presidencial Bassirou Diomaye Faye. Sonko no solo está encarcelado desde julio pasado por cargos de insurrección y atentados contra la seguridad del Estado, sino que también le fue impuesta en mayo de 2023 una sentencia de seis meses de prisión suspendida por difamación contra el ministro de Turismo, Mame Mbaye Niang, lo que impide su participación en las próximas elecciones presidenciales. El debate parlamentario se produjo en un contexto de alta tensión política por el aplazamiento electoral decretado por Sall el pasado 3 de febrero, que fue declarado ilegal por el Consejo Constitucional y desató fuertes protestas a menudo dispersadas con dureza por la Policía, en las que murieron al menos cuatro personas. Frente a la crisis, el presidente impulsó la pasada semana un diálogo nacional, boicoteado por la inmensa mayoría de la oposición, que propuso como nueva fecha electoral el próximo 2 de junio, rechazada este miércoles por el Consejo Constitucional. La oposición pedía a Sall, quien se ha comprometido a dejar la Presidencia al término de su mandato este 2 de abril, que establezca una fecha antes de ese momento para evitar que se prolongue en el poder y pueda asumir esa función un mandatario interino. Así, el presidente propuso este miércoles en el Consejo de Ministros el próximo 24 de marzo como fecha de los comicios. El jefe del Estado defendió la moratoria electoral por la revelación de la doble nacionalidad de una candidata (francesa y senegalesa) tras la publicación de la lista definitiva, algo que la Constitución no permite a los aspirantes presidenciales y que expuso un «presunto caso de corrupción de jueces». EFE es/pa/rrt
