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Una contribución suiza en la lucha contra las desapariciones forzadas en México

Ceci Patricia Flores y otras buscadoras de personas desaparecidas en México
Ceci Patricia Flores, en primer plano, sale todos los días con pico y pala con la esperanza de encontrar a sus dos hijos desaparecidos. Illustration: Helen James / SWI swissinfo.ch

Mientras el número de cadáveres sin identificar supera los 52.000 en México, Suiza ofrece formación en medicina forense a las personas implicadas en resolver estos casos, en el marco de una crisis forense y de desapariciones forzadas en la que se encuentra este país latinoamericano.

Ceci Patricia Flores, vestida con pantalones vaqueros, una playera de manga larga y una gorra rosa para protegerse del sol, entierra un alambrón lo más profundo que puede. Lo extrae y acerca el extremo enterrado a su nariz. Si nota olor a carne podrida en la varilla, es señal de que debe empezar a cavar en ese punto exacto.

Esta es la rutina diaria de Flores en el árido terreno de Sonora, un estado del noroeste de México. Esta mujer de 50 años, madre de seis hijos, busca los cuerpos de víctimas de desapariciones forzadas en una región en la que el crimen organizado está muy extendido.

Entre las víctimas que busca se encuentran dos de sus propios hijos. Alejandro fue “desaparecido” el 30 de octubre de 2015 cuando viajaba de Sonora al vecino estado de Sinaloa. Tenía 21 años. Y Marco Antonio, de 32 años, fue raptado por un cártel en Bahía de Kino, Sonora, el 4 de mayo de 2019, junto con su hermano menor, Jesús Adrián, de 15 años, quien posteriormente fue liberado.

“Desde entonces, soy como una muerta viviente”, dice Flores, que en 2019 fundó el colectivo ‘Madres Buscadoras de Sonora’. Cada día la acompañan en su búsqueda otras madres y familiares con una historia similar a la suya. Toman el asunto en sus manos, dice Flores, porque “las autoridades hasta ahora no lo han hecho”.

Su arduo trabajo, no remunerado, se ha extendido a otras partes del país, mientras México se enfrenta a una sombría realidad: más de 110.000 nombres registrados en una base de datos nacional de personas desaparecidas y más de 52.000 cadáveres sin identificar que yacen en fosas comunes o en morgues estatales. Las autoridades mexicanas han reconocido esta “crisis forense” y han pedido ayuda a otros países, entre ellos Suiza.

Falta de capacidad

Para esta tarea, el Ministerio de Asuntos Exteriores helvético recurrió a la Facultad de Ciencias Penales de la Universidad de Lausana. Junto con el Centro Universitario de Medicina Legal Lausana-Ginebra, la escuela organizó en 2022 cursos de ciencias forenses para funcionarios mexicanos implicados en la búsqueda e investigación de los desaparecidos.

Hasta ahora, 100 participantes -desde personal de fiscalías y policías hasta especialistas en patología forense y antropología- han tomado un curso básico, impartido a distancia y enfocado en investigación de la escena del crimen, análisis forense e identificación de restos humanos.

“Venimos de entornos tan diferentes y de una complejidad de casos tan grande que sería ridículo decir que podemos captar y abordar los problemas a los que se enfrentan [en México], y no es nuestro objetivo”, explica Christophe Champod, director de la escuela de Lausana. “Lo que intentamos es darles una metodología que puedan aplicar en su propia situación”.

El telón de fondo es desalentador. La gran mayoría de las desapariciones en México se han producido desde mediados de la década de 2000, cuando las autoridades lanzaron su combate contra el narcotráfico para acabar con los cárteles. Cada año, miles de personas desaparecen a manos de grupos del crimen organizado o de las fuerzas gubernamentales.

La mayoría de estos casos siguen sin resolverse en un contexto que Naciones Unidas denomina como de “impunidad casi absolutaEnlace externo“.

Según la Comisión Nacional de Búsqueda en 2021 sólo se habían dictado 36 condenas por desapariciones en México.

Entre los muchos retos a los que se enfrenta la población mexicana se encuentra la falta de recursos repartidos por todo el país. La financiación y las competencias necesarias para la búsqueda, la investigación y el enjuiciamiento de estos crímenes tienden a concentrarse a nivel federal, explica Ana Srovin Coralli, profesora asistente en el ‘Geneva Graduate Institute’, con sede en Ginebra.

“Hay una enorme falta de capacidad en términos locales, laboratorios y personal a nivel local”, dice la estudiante de doctorado, que escribió un informe exhaustivo sobre las personas desaparecidas en México para el Instituto de Investigación swisspeace. Algunas comisiones locales de búsqueda, creadas por ley en cada estado, carecen de personal o de cuerpos forenses establecidos.

Maximizar el impacto

Aunque las autoridades dicen querer atajar estos déficits, “no existe un enfoque sistemático y coordinado para mejorar la medicina forense en el país” y la colaboración entre algunas instituciones es escasa, afirma Coralli. “Aquí es donde creo que la formación puede contribuir realmente a llegar a aquellos que normalmente no tienen la oportunidad de adquirir más conocimientos”.

Las instituciones suizas partícipes en los cursos de formación dirigidos al personal mexicano implicado en la investigación forense no intervinieron en la selección de las personas que han asistido, sino las autoridades mexicanas. No obstante, Champod indica que estas personas proceden de distintos estados de la República Mexicana, así como a nivel federal, y ocupan diversas funciones.

Esta mezcla debería “maximizar el impacto” de la formación y mostrar el valor del trabajo conjunto, afirma Champod.

Por su parte, Coralli considera que para ser realmente eficaz, toda formación debe ser a largo plazo y, en el mejor de los casos, impartirse sobre el terreno, “para abordar plenamente las complejidades de la situación”.

Parents of disappeared students from Ayotzinapa, at a vigil in Mexico city
El caso de desapariciones masivas que saltó a los titulares internacionales ocurrió en 2014, cuando desaparecieron 43 estudiantes de Ayotzinapa. Sus familiares y representantes en la defensa de los derechos humanos siguen exigiendo una investigación completa. Keystone / Jose Mendez

Champod es consciente de las limitaciones del curso, que se trasladó a Internet en parte debido a la pandemia de Covid-19, pero afirma que se ha trabajado estrechamente con las personas que han asistido a los cursos para asegurarse de que el material responde a sus necesidades.

Al curso básico le sigue otro más avanzado, limitado a un grupo más reducido de participantes, en el que el personal que instruye puede ofrecer retroalimentación individual.

“Probablemente el siguiente paso sería volver al aprendizaje en persona, hombro con hombro in situ“, dice, “y potencialmente una visita de los partícipes de México a Suiza”.

Sin solución para muchas familias

La seguridad también fue un factor determinante en la decisión de ofrecer el programa a distancia. Desenterrar cadáveres, recoger muestras, investigar y enjuiciar son tareas plagadas de riesgos en el contexto mexicano. Ceci Flores ha recibido amenazas de muerte, por ejemplo. Los familiares y el personal público encargado de las tareas de búsqueda e investigación se convierten a menudo en objetivos de ataques y algunos también han desaparecido. Por este motivo, las personas que participan en el curso ofrecido por las instituciones suizas han gozado de total anonimato.

“No tenemos ni idea de quién es quién, porque creemos que es la única forma de mantener su seguridad”, afirma Champod.

Los miembros del curso avanzado pueden probar un dron equipado con una cámara multiespectral capaz de detectar fosas clandestinas. “Queremos ofrecer soluciones con las que puedan hacer las cosas rápidamente”, dice Champod, “porque cuanto más tiempo estén en el lugar recopilando información […] más expuestos estarán”.

El miedo a las represalias puede estar frenando a algunas autoridades a la hora de llevar a cabo investigaciones, pero Flores cree que también hay una falta de voluntad por su parte, una observación de la que se hace eco Coralli, quien afirma que la voluntad debe existir en todos los niveles institucionales para que las búsquedas e investigaciones tengan éxito.

Notablemente, las ‘Madres Buscadoras de Sonora’ han descubierto más de 2.000 cuerpos en fosas clandestinas. Sin embargo, solamente pocas familias han conocido el paradero de su ser querido, justamente, por falta de las tareas de investigación forense pertinentes. “Los sacamos de un hoyo y las autoridades los vuelven a meter en otro hoyo sin devolverles su identidad”, lamenta Ceci Flores.

“Necesitamos autoridades que sean realmente sensibles con los seres humanos y que hagan su trabajo en la investigación forense para que las pruebas de ADN se publiquen lo antes posible, sin errores”, subraya.

Trabajo conjunto

Sin embargo, el trabajo de identificación de múltiples restos es muy complejo, afirma Negahnaz Moghaddam, antropóloga forense del Centro Universitario de Medicina Legal Lausana-Ginebra e instructora del curso.

“Si hay una fosa común, primero hay que comprender la situación: cuántos individuos hay, cuáles de los restos son humanos y qué elementos pueden tomarse como muestra [para su análisis]”, explica.

Hubo esperanzas de que este exigente trabajo diera sus frutos cuando México puso en marcha en 2019 el llamado Mecanismo Extraordinario de Identificación Forense. Su objetivo es identificar los más de 52.000 cuerpos que se han recuperado hasta agosto de 2021. Pero al mecanismo le ha costado arrancar, sobre todo por los cambios del personal directivo responsable, dice Coralli.

En 2018 entró en vigor en México la Ley General en Materia de Desaparición. Proporciona una definición para la desaparición forzada (desaparición en la que el Estado está directa o indirectamente involucrado) y la desaparición por parte de civiles, y establece un sistema nacional de búsqueda. Este sistema consta, entre otras instituciones, de una Comisión Nacional de Búsqueda, una comisión local de búsqueda en cada uno de los 32 estados del país, además de una nueva fiscalía federal especializada en desapariciones forzadas y fiscalías similares a nivel estatal.

En virtud de la ley general se creó un nuevo registro de personas desaparecidas y con paradero desconocido, incluidas las ausencias voluntarias y las personas desaparecidas por hechos no relacionados con un crimen. Por tanto, se desconoce el número exacto de personas desaparecidas forzosamente.

Fuente: Ana Srovin Coralli, Caso de estudio Enlace externorelativo a la Coordinación entre la búsqueda y las investigaciones penales relativas a personas desaparecidas, swisspeace.

Para las familias, puede ser otra señal del fracaso de las autoridades a la hora de abordar las desapariciones. Pero Champod dice que ha visto “voluntad y compromiso” entre el personal público para mejorar los procedimientos y encontrar, identificar, e incluso, potencialmente procesar a los responsables.

“Al fin y al cabo, son las personas y la coordinación entre ellas las que resolverán estos problemas”, afirma.

Flores y las demás familias no esperan menos: todo lo que quieren es trabajar codo con codo con las autoridades para traer a sus hijos a casa, vivos o muertos. “La esperanza nunca muere”, dice la madre. “Queremos un México que deje de ser una fosa común y permita que nuestros hijos vuelvan a vivir con seguridad”.

Edición de Virginie Mangin y redactado en español por Patricia Islas

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