Southern Perú pide diálogo ante violenta oposición a proyecto minero

Unos manifestantes opuestos al proyecto minero Tía María se enfrentan a las fuerzas policiales en la ciudad peruana de Arequipa el 14 de mayo de 2015 afp_tickers

Southern Perú, filial de la mexicana Southern Copper, pidió el viernes una pausa de dos meses para lograr entendimientos ante las violentas protestas contra uno de sus proyectos mineros en el sur del país, tras un llamado del presidente a buscar el diálogo.

«Demando a la empresa a cargo del proyecto minero Tía María a que manifieste su voluntad y ejecute acciones concretas para generar las bases del entendimiento requeridas para lograr la paz social y el desarrollo», dijo Humala en un mensaje televisado.

Desde hace 50 días, pobladores de la provincia de Islay, región Arequipa, iniciaron protestas contra la ejecución del proyecto cuprífero Tía María, porque consideran que puede afectar su agricultura y contaminar la ciudad.

Humala, ha descartado la suspensión del proyecto, blanco de violentas manifestaciones y choques con la policía que han dejado dos civiles y un policía muerto.

«No se puede suspender lo que no se ha iniciado», dijo Humala, recordando que Tía María aún no ha empezado a construirse, pero que se espera entre en operación en 2017.

«El Estado no puede adoptar una decisión unilateral que no esté regida por el marco de la ley, porque una decisión arbitraria lo expondría a demandas internacionales por incumplimiento», agregó, para luego dejar el balón en territorio de Southern.

La compañía acusó inmediato recibo del mensaje, y a través de un comunicado hizo un llamado a la paz y pidió una «pausa» para buscar soluciones al conflicto.

«Le solicitamos el tiempo y las facilidades necesarias para poder socializar el proyecto y despejar todas las dudas existentes en los próximos 60 días», dijo el presidente ejecutivo de Southern Perú, Oscar González Rocha, en el documento.

En Perú, segundo mayor productor mundial de cobre, la minería es clave para su crecimiento económico.

– Cumple con la ley –

En su mensaje del jueves, Humala reiteró que Tía María «cumple con los requisitos exigidos por la ley», pero estas explicaciones no han sido suficientes para los pobladores, que se oponen al proyecto avaluado en 1.400 millones de dólares.

Humala aseguró que el envío de tropas policiales y militares a la zona en conflicto no es para defender «intereses individuales o de una empresa en particular sino el estado de derecho, la estabilidad jurídica, el marco legal del país y las condiciones para la buena convivencia».

Para ayudar en la contención de las protestas, el gobierno envió a Islay el pasado sábado un contingente de las Fuerzas Armadas, mientras evalúa la posibilidad de decretar el estado de emergencia que permitiría a los militares tomar el control de la zona.

«La gente estaba esperando que se suspenda el proyecto (…) No sé qué va a pasar en Arequipa (…) En estas condiciones, que han causado tanto sufrimiento material y físico, este proyecto ya no va, está muerto», dijo por su parte el dirigente del movimiento ambientalista Tierra y Libertad, a Canal N.

Las protestas contra la industria de extracción de recursos naturales se han intensificado en Perú a un año de las elecciones generales.

Según la Defensoría del Pueblo, hasta marzo se contabilizaron 211 conflictos sociales. De estos, casi el 67% son socioambientales.

– Dirigente detenido –

El llamado al entendimiento por parte del presidente ocurre en momentos en que un importante dirigente vinculado con las violentas protestas contra Tía María, fue detenido. Se trata de Pepe Julio Gutiérrez, presidente del Frente de Defensa del Valle del Tambo, acusado de extorsión, resistencia a la autoridad y asociación ilícita para delinquir.

Según la denuncia, Gutiérrez habría pedido dinero para poner fin a las protestas contra el proyecto que iniciaron el 23 de marzo y han dejado a la fecha dos civiles y un policía muerto, decenas de heridos y daños. La denuncia se sustenta en una grabación de una conversación.

El gobierno busca que la detención sea ampliada por el delito de homicidio, debido a la muerte de un policía en las protestas, que fue agredido a golpes con una cadena por manifestantes. Según reportes de prensa regional, Gutiérrez calificó de «injusta» su detención y responsabilizó al presidente Humala del hecho.

El presidente del Consejo de Ministros, Pedro Cateriano, así como algunos integrantes del gabinete acudieron al Congreso el viernes para explicar las acciones del gobierno frente a este conflicto.

«Todas aquellas personas que violan la ley, deben estar sujetas a investigación y acusación (…) Hemos escuchado ese audio donde no se defendía a Arequipa, el medio ambiente o la agricultura. Lo que había era corrupción», dijo Cateriano a la prensa, al llegar al Parlamento.