
Uvalde obligó a EE.UU. a enfrentar su problema con las armas en 2022
Jorge Dastis
Washington, 31 dic (EFE).- Estados Unidos, el único país del mundo con más armas de fuego en circulación que habitantes, volvió a vivir un año con centenares de tiroteos múltiples. Pero fue una matanza en un colegio, la de Uvalde, la que empujó al Congreso a aprobar su ley de control más importante en treinta años.
El país se estremeció a finales de mayo cuando un chico de 18 años, armado con un fusil semiautomático que había comprado legalmente, entró en una escuela primaria de la localidad de Uvalde (Texas) y asesinó a 19 estudiantes y dos profesoras.
Fue la masacre escolar más sangrienta desde el tiroteo de Sandy Hook (Connecticut), en el que murieron 26 personas, y llegó apenas unos días después de que un supremacista blanco, también de 18 años, y también armado con un rifle semiautomático, matara a 10 personas en un supermercado de Búfalo (Nueva York).
Las tragedias de la primera mitad del año lograron lo que muchos legisladores progresistas del país llevaba décadas buscando: romper el bloqueo republicano a los proyectos para limitar el acceso a las armas de fuego.
Pero la acción legislativa no se limitó al Congreso: a lo largo de 2022, más de 20 estados aprobaron hasta 90 leyes para reforzar el control de las armas de fuego.
2023, UN AÑO CLAVE
«Los estadounidenses rechazaron rotundamente el extremismo en favor de la seguridad ante las armas de fuego en 2022. Por consecuencia, 2023 se prevé un año crítico», aseguraba a principios de este mes la organización por el control de las armas Giffords, al analizar las tendencias legislativas del año.
En su recuento, que incluye 90 leyes, el organismo destacó normas como la prohibición de la venta de fusiles de asalto en Delaware, o la prohibición de los cargadores de alta capacidad en territorios como Oregon, Rhode Island o Washington.
También ensalzó la labor de estados como California, Massachusetts, Nuevo México o Michigan, entre otros, al financiar o expandir programas de intervención ante la violencia comunitaria.
A pesar de las muchas victorias, otros estados aprobaron leyes que reducen la capacidad de las autoridades para supervisar la compra y el uso de armas.
El estado de Ohio, por ejemplo, permite ahora que los profesores de infantil y escuela primaria lleven armas en clase, mientras que territorios como Alabama o Georgia eliminaron la necesidad de tener un permiso para llevar armas cargadas en público.
Además, en junio, el Tribunal Supremo decidió que existe un derecho constitucional a portar armas fuera del domicilio particular, anulando una ley del estado de Nueva York que pedía una justificación a los solicitantes de un permiso para llevar armas de fuego en público.
UN AÑO MARCADO POR LA VIOLENCIA
A pesar de que 2021 fue un año más mortífero (murieron casi 49.000 personas por disparos, según datos preliminares de las autoridades sanitarias), 2022 ha visto morir por disparos a casi 44.000 personas, una de las cifras más altas desde que se tienen registros.
El año 2022 registró también un récord: el de menores de 18 años muertos o heridos por disparos, al menos desde 2014, año en que la ONG Gun Violence Archive empezó a publicar sus estadísticas. En total, 1.631 menores murieron por disparos y 4.400 sufrieron heridas.
Además de los tiroteos de Uvalde y Búfalo, el 4 de julio (Día de la Independencia), un joven disparó indiscriminadamente contra un desfile en Highland Park (Illinois), matando a siete personas e hiriendo a otras 48.
Fue uno de los cientos de tiroteos de masas que se han registrado este año en el país, y que han recibido una especial cobertura mediática tras las tragedias de Texas y Nueva York.
El ataque de Highland Park ocurrió pocos días después de que el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, firmara el histórico paquete de medidas de control de armas del Congreso, dándole rango de ley.
El acuerdo bipartidista establece mecanismos para limitar la compra de armamento por menores de 21 años, e impide que las parejas sentimentales condenadas por violencia doméstica puedan tener acceso a armas.
El paquete también da incentivos a los estados para implementar leyes de «alerta de peligro» («Red Flag»), ya vigentes en estados como California, Nueva York y Florida, y que permiten activar un procedimiento legal para confiscar las armas de quienes representen un peligro para terceros o para sí mismos.
Aunque el paquete de medidas quedó lejos de prohibir los fusiles de asalto, como pedían muchos demócratas -entre ellos Biden-, su aprobación fue un hito por lo ajustado de su votación en el Senado, donde los escaños se dividen 50-50 entre progresistas y conservadores. Es la medida de control de las armas de fuego más relevante aprobada en los últimos 30 años.
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