Víctimas de estafa piramidal protestan para exigir respuesta de la presidenta hondureña

Tegucigalpa, 31 jul (EFE).- Decenas de personas exigieron este jueves a la presidenta de Honduras, Xiomara Castro, que cumpla su promesa de gestionar la devolución del dinero que invirtieron en una empresa que operaba bajo un esquema piramidal tipo Ponzi.

“¡Queremos que nos atiendan!”, “¡Queremos una respuesta!” y “¡No más engaños!” fueron algunas de las consignas que corearon durante una protesta frente a Casa Presidencial, la cual permanece fuertemente resguardada por elementos policiales desde la noche anterior, impidiendo el ingreso de los afectados a la sede del Ejecutivo.

“Somos 34.000 personas las afectadas y necesitamos nuestro dinero. No vamos a retroceder hasta que el gobierno nos escuche”, advirtió otro de los manifestantes.

Muchos de los manifestantes, entre ellos adultos mayores, denunciaron haber perdido los ahorros de toda su vida y acusaron a las autoridades de ignorar sus reclamos.

“Exigimos a doña Xiomara que se ponga la mano en la conciencia y nos devuelva nuestro dinero. Ella puede solucionar este problema”, manifestó una de las afectadas.

Según las denuncias, la empresa señalada habría captado millones de lempiras, ofreciendo rendimientos altos e inmediatos, hasta colapsar, dejando a cientos de inversionistas sin respaldo económico.

El caso, conocido como “Koriun Inversiones”, ganó notoriedad a mediados de mayo pasado tras la captura de Iván Velásquez, presunto administrador de la entidad.

Pese a las promesas previas de atención, los manifestantes denunciaron que ninguna autoridad los recibió ni emitió una respuesta oficial este jueves. La frustración en el lugar derivó en empujones entre manifestantes y agentes policiales, aunque el incidente no pasó a mayores.

El Ministerio Público (Fiscalía) presentó este jueves un nuevo requerimiento fiscal por el delito de lavado de activos contra Elder Jehovany Gómez Guevara y Juan Carlos García Ríos, administradores de las sucursales de Koriun Inversiones en los departamentos de Copán y Santa Bárbara, en el occidente del país. Ambos ya estaban imputados por asociación para delinquir.

De acuerdo con las investigaciones, los acusados presentan una «desproporción» entre sus ingresos y las transacciones registradas en el sistema financiero. En el caso de Gómez Guevara, no ha logrado justificar más de 7,3 millones de lempiras (unos 281.800 dólares), mientras que García Ríos no acredita la procedencia legal de más de 1,5 millones de lempiras (unos 60.300 dólares).

A finales de junio, la Fiscalía ya había ampliado la acusación contra el gerente de la empresa, Iván Velásquez, su esposa Kefi Esmeralda Gavarrete Sánchez, y Marco Abel Villeda Galdámez, por el delito de asociación para delinquir, además del cargo original de lavado de activos. EFE

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