Visto para sentencia el juicio a Ternera que admite su responsabilidad como miembro de ETA
París, 10 abr (EFE).- El Tribunal de Apelación de París dejó este viernes visto para sentencia el juicio contra el histórico dirigente etarra José Antonio Urrutikoetxea, Josu Ternera, quien reconoció su «responsabilidad» como miembro de la banda terrorista, pero echando en cara al mismo tiempo al Gobierno español su rechazo a negociar.
«Si hay algo que lamento es no haber conseguido una negociación bilateral que pudiera haber solucionado las consecuencias del conflicto», subrayó Urrutikoetxea, cuando se le dio por última vez la palabra en este juicio de dos días cuyo veredicto se hará público el próximo 2 de julio.
El hombre que puso voz en mayo de 2018 al comunicado que anunciaba la disolución de ETA, que tiene ahora 75 años y se encuentra en libertad bajo control judicial en espera de esta decisión antes de que se pueda ejecutar su entrega a España por los juicios que tiene pendientes allí, reprochó a las autoridades españolas que, por su parte, no hayan querido entrar en una admisión de culpas.
«Lamento -señaló- no haber conseguido que el Gobierno español reconozca su responsabilidad en las torturas y con el derecho internacional».
Explicó que durante toda su trayectoria en la banda había seguido «al pie de la letra» uno de los principios de la Declaración de Derechos Humanos y del Ciudadano de la Revolución francesa, el que dice que «cuando el gobierno viola los derechos del pueblo, la insurrección es el más sagrado de los derechos y el más indispensable de los deberes».
«Desgraciadamente -añadió refiriéndose a ETA- en nuestro caso utilizamos todos los medios (…) y eso tuvo consecuencias irreversibles que causaron dolor y sufrimiento».
Sobre su caso particular, señaló que aunque su papel era «buscar una vía de negociación» eso no le exime porque «era un militante y tenía mi responsabilidad», dijo, en una actividad que incluía la lucha armada: «Se sabe cómo se empieza una guerra, pero no se sabe cuándo y cómo se va a terminar».
Petición de cinco años sin cumplimiento y expulsión de Francia
La Fiscalía ha pedido para él una pena de cinco años exentos de cumplimiento, que sólo tendría que cumplir en caso de reincidencia, así como la expulsión definitiva de Francia.
En este juicio, Josu Ternera está inculpado por su acción en ETA en Francia entre diciembre de 2002, después de huir de España para escapar a las acusaciones de haber estado implicado en el atentado contra la casa cuartel de la Guardia Civil de Zaragoza de 1987, y mayo de 2005.
Los principales elementos en su contra son las pruebas (trazas de ADN y huellas) de su paso por dos pisos francos de ETA, en Lourdes y en Villeneuve sur Lot en los que vivieron el que era el entonces jefe militar, Peio Eskisábel, y su lugarteniente, José Manuel Ugartemendía, capturados a finales de abril de 2005.
En los alegatos de la defensa, su abogado principal Laurent Pasquet-Marinacce no reclamó su absolución -el mismo Urrutikoetxea ha reconocido haber pertenecido a ETA durante esos años y haber estado en esos pisos francos- pero se esforzó en reclamar que no se le expulse de Francia.
«Su vida está en Francia», subrayó el letrado, que aludió en particular a sus vínculos familiares, y en particular con su hija menor, de 13 años, y con la madre de ésta, Agnès Cerlo, que fue su mujer durante 35 años, a las que va a visitar varias veces por semana.
Josu Ternera, que vive en un pueblo del País Vasco francés muy cerca de ellas, está en libertad bajo control judicial desde julio de 2020. Había sido capturado en mayo de 2019 en los Alpes franceses tras pasar 17 años seguidos en la clandestinidad.
Si en su sentencia se incluyera la prohibición definitiva del territorio francés como quiere la Fiscalía (medida que con total seguridad sería recurrida por la defensa ante el Tribunal Supremo, lo que aplazaría su carácter definitivo como mínimo unos meses más después del 2 de julio), esa medida se podría ejecutar once días más tarde.
No obstante, más allá de esa amenaza de expulsión a España, la justicia francesa ya ha dado su visto bueno a su entrega a España por dos causas diferentes, el atentado de Zaragoza en el que fueron asesinadas once personas (incluidos cinco niños) y la financiación de la banda a través de las ‘herriko tabernas’.
En este segundo caso, está en trámite ante el Tribunal de Apelación de París, con una audiencia el 13 de mayo, una nueva euroorden que amplía el periodo de la primera y, sobre todo, la imputación, ya que se le acusa en tanto que dirigente terrorista. EFE
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