Abogada de UE pide desestimar recurso de Asamblea Nacional francesa contra ley de asilo
Bruselas, 4 jun (EFE).- Una abogada general del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) recomendó este jueves desestimar el recurso interpuesto por la Asamblea Nacional francesa contra la legislación comunitaria en materia de asilo y migración por violación del principio de subsidiariedad.
La corte, con sede en Luxemburgo, explicó en un comunicado que ésta era la primera vez en que un Parlamento nacional recurre al artículo pertinente de los tratados comunitarios que confiere competencia al TJUE para controlar y, en su caso, anular legislación de la Unión que supuestamente viole el principio desubsidiariedad.
La Asamblea Nacional francesa había impugnado el mecanismo de solidaridad obligatorio de la UE para ayudar a los Estados miembros sometidos a presión migratoria, que establece un régimen de reubicación para los solicitantes de protección internacional, al considerar que perjudica la soberanía, identidad nacional e integridad de los Estados miembros, que están obligados a recibir en su territorio a nacionales de terceros países sujetos a dichas medidas de reubicación.
Así, con el apoyo de Hungría, alegó que esta medida viola el principio de subsidiariedad de los países de la UE, mientras que Parlamento Europeo y el Consejo de la UE, con el apoyo de Grecia, España y la Comisión, cuestionaron la admisibilidad de la mayoría de las alegaciones.
En sus conclusiones publicadas hoy, la abogada general opinó en primer lugar que el Tribunal de Justicia es competente para pronunciarse sobre un recurso interpuesto por un Parlamento nacional sobre el artículo de los tratados que se refieren a la subsidiariedad.
Además, consideró que solo es admisible la alegación según la cual los Estados miembros habrían podido gestionar con mayor eficacia que la Unión los problemas derivados de la afluencia masiva de solicitantes de protección internacional.
Por el contrario, las demás alegaciones formuladas por la Asamblea Nacional -como las relativas al hecho de que no se hubiera atribuido a la Unión Europea competencia para adoptar el Reglamento, las supuestas consecuencias económicas perjudiciales del mecanismo de solidaridad obligatorio y la utilidad del régimen de reubicación- no se refieren al principio de subsidiariedad y, por lo tanto, son inadmisibles.
En ese contexto, al examinar la alegación admisible, la jurista subrayó que la armonización no debe ser el objetivo de ningún corpus legislativo, sino más bien una posible herramienta para alcanzar un objetivo adecuado y específico.
Así, recomendó al Tribunal de Justicia solicitar a las instituciones que expliquen debidamente por qué creen necesaria una actuación a escala de la Unión, más allá de un mero deseo de armonización.
Según dijo, esa justificación adaptada obligaría a las instituciones a evaluar si la Unión debe actuar en una situación concreta, y permitiría al Tribunal de Justicia decidir si la acción de la UE parece razonablemente necesaria.
Finalmente, la abogada concluyó que los motivos aducidos para actuar a escala de la Unión en este caso parecen sólidos, y que la Asamblea Nacional no ha presentado ningún argumento que invalide esa conclusión.
Por consiguiente, propuso al TJUE desestimar por infundada la única alegación de la Asamblea Nacional relativa al principio de subsidiariedad, y que desestime el recurso por ser en parte inadmisible y en parte infundado. EFE
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