AI alerta de deterioro en acceso a justicia y refuerzo de prácticas autoritarias en Perú
Lima, 21 abr (EFE).- Amnistía Internacional (AI) advirtió este martes que en Perú se ha reforzado la tendencia de prácticas autoritarias y también se ha debilitado el acceso a la justicia debido al deterioro de instituciones autónomas y la aprobación de diversas leyes que consolidaron el retroceso en derechos humanos en el país andino.
En su último informe sobre la situación de los derechos humanos en el mundo 2025-2026, AI aseguró que el año pasado en Perú se consolidaron retrocesos que ponen en grave riesgo el acceso a la justicia, la libertad de expresión, la libertad de asociación, los derechos de las mujeres, entre otros.
«Los derechos humanos están bajo presión en Perú y el mundo. Han aumentado las prácticas autoritarias, persiste la represión de las protestas y con frecuencia se instrumentaliza el derecho para silenciar a quienes levantan su voz contra injusticias», señaló la directora de Amnistía Internacional Perú, Jennie Dador.
La organización afirmó que esta situación se da en un contexto global marcado por ataques de poderosos Estados, corporaciones y movimientos antiderechos contra el multilateralismo, el derecho internacional y ataques crecientes al sistema de justicia internacional que están dañando los cimientos que sustentan los derechos humanos en el mundo.
«Perú se encuentra en esta tendencia, con la aprobación, en 2025, de un conjunto de leyes que ha consolidado prácticas autoritarias e incrementado los riesgos de impunidad», reza el informe.
Además, «la pérdida de independencia» del Ministerio Público, el Tribunal Constitucional, la Junta Nacional de Justicia y la Defensoría del Pueblo, entre otros órganos autónomos del Estado, «ha debilitado notoriamente las garantías de acceso a la justicia de peruanas y peruanos».
Legislación
Amnistía Internacional destacó la promulgación de la ley que modifica el marco regulatorio de la Agencia Peruana de Cooperación Internacional (APCI), que «dejó el trabajo de organizaciones de la sociedad civil expuesto a un control arbitrario y desproporcionado» y que afecta a la defensa que organizaciones facilitaban a familiares víctimas de graves violaciones de derechos humanos.
También indicó que el acceso a la justicia se vio también debilitado en 2025 con otras normas, como la promulgación de una ley que establece amnistía para perpetradores de violaciones de derechos humanos, lo cual, además de constituir un retroceso en la lucha contra la impunidad, «contraviene obligaciones internacionales del Estado peruano».
«La violencia contra mujeres y niñas se incrementó, y a pesar de los elevados niveles de violencia machista, en 2025 se aprobó la Ley 32535, que elimina el enfoque de género y debilita las políticas públicas orientadas a abordar las causas estructurales de la discriminación y la violencia», agregó.
Por otro lado, AI expresó «gran preocupación» por el deterioro para el ejercicio de la libertad de prensa, con una escalada de violencia y cuatro periodistas asesinados en 2025.
Por último, recordó que a más de tres años de las protestas antigubernamentales ocurridas entre diciembre de 2022 y marzo de 2023, las víctimas del uso excesivo de la fuerza por parte de agentes estatales continuaron sin acceso efectivo a justicia y reparaciones.EFE
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