Arranca el juicio político contra la vicepresidenta de Filipinas, Sara Duterte
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Bangkok, 6 jul (EFE).- El juicio político por supuesta corrupción contra la vicepresidenta de Filipinas, Sara Duterte, arrancó este lunes en el Senado del país asiático, un proceso que se espera que dure varios meses y que podría derivar en su inhabilitación de por vida para ejercer un cargo público.
La política, hija del exmandatario Rodrigo Duterte (2016-2022), detenido en La Haya por presuntos crímenes de lesa humanidad durante su campaña contra las drogas, es acusada de cuatro delitos, entre ellos malversación de fondos públicos y amenazas contra el actual presidente filipino, Ferdinand Marcos Jr., a quien en 2024 afirmó haber ordenado matar si ella misma era asesinada.
El juicio, en el que los senadores actúan como jueces, comenzó este lunes a las 14:00 hora local (6:00 GMT) después de que la Casa de Representantes filipina aprobara en mayo una moción para destituir a la vicepresidenta y elevara la decisión a la Cámara Alta, compuesta normalmente por 24 miembros.
Para que Duterte resulte inhabilitada de por vida para ocupar un cargo público, se requiere una mayoría de dos tercios del Senado, mientras que la absolución solo necesita nueve votos.
Según expertos consulados por EFE, la resolución se espera antes de que termine el año y la culpabilidad no conllevaría prisión, pero sí abriría la puerta a un posterior proceso penal e imposibilitaría su candidatura para las elecciones presidenciales de 2028, a las que en febrero anunció que concurriría.
Duterte, quien no acudió a la primera sesión del proceso, afirmó en un comunicado difundido en Facebook: «Optar por comparecer a través de un abogado en lugar de testificar personalmente no disminuye la rendición de cuentas ni implica falta de transparencia».
Este lunes, diferentes grupos de manifestantes se congregaron a las puertas del Senado para expresarse tanto a favor como en contra de Duterte.
Horas antes del inicio del juicio, las autoridades filipinas detuvieron este lunes al senador Rodante Marcoleta, vinculado al clan político de la familia Duterte, después de que la Defensoría del Pueblo lo acusase de no declarar 75 millones de pesos filipinos (1,2 millones de dólares) durante su campaña al Senado en 2025.
Cuando se presentó el caso contra Duterte, la vicepresidenta contaba con un cómodo apoyo en la Cámara Alta que dificultaba su eventual condena, pero su influencia se ha visto mermada tras las detenciones de los senadores Marcoleta y Jinggoy Estrada –en junio, también por presunta malversación–, así como por la fuga del legislador Ronald ‘Bato’ dela Rosa, reclamado por la Corte Penal Internacional (CPI) por presuntos crímenes de lesa humanidad vinculados a la campaña antidrogas de Rodrigo Duterte.
Así, los apoyos firmes de Sara Duterte quedarían en nueve –el mínimo para absolverla–, mientras que sus detractores se mantendrían en doce, afirmaron académicos a EFE.
Duterte ya sobrevivió en 2025 a un proceso similar que no llegó al Senado por decisión del Tribunal Supremo, que encontró defectos de forma en la acusación. EFE
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