Barcelona pide sanciones que ayuden a que Airbnb no «campe a sus anchas»

Bruselas, 1 dic (EFE).- La teniente de alcalde del Ayuntamiento de Barcelona, Janet Sanz, reclamó este jueves que las ciudades puedan imponer sanciones más elevadas y eficaces contra las plataformas de alquileres turísticos que «campan a sus anchas» por municipios como la Ciudad Condal y «se creen fuera de la ley», entre las que citó específicamente a Airbnb.

En una rueda de prensa, Sanz se refirió a la reciente propuesta de la Comisión Europea para crear nuevas normas sobre el alquiler de alojamientos de corta duración, la cual consideró que pone a Barcelona como ejemplo a seguir, y afirmó que es un punto de partida, pero «hay que hacer más».

La Comisión presentó su propuesta el pasado 7 de noviembre, con lo que comienza ahora su tramitación legislativa; precisamente Sanz se desplazó a Bruselas para reunirse con la encargada de negociar la norma en la Eurocámara, la neerlandesa de los Verdes Kim van Sparrentak, y con el director general de Mercado Interior, Industria, Empresas y Pymes de la Comisión Europea, David Blanchard.

«Le estamos dedicando a este tema muchos esfuerzos económicos y necesitamos más apoyo, un marco normativo con más recursos y capacidad, por ejemplo, de sanciones», explicó Sanz, que lamentó que los máximos que puede imponer el consistorio, de 600.000 euros, no impactan lo suficiente a las grandes plataformas.

Las sanciones que puedan aplicar los entes locales deberían ir, consideró Sanz, más allá de las normas de publicidad y las vinculadas a la transparencia y pasar a reconocer «qué es legal y qué no» y cómo impacta esto en el desarrollo de las ciudades y el derecho a la vivienda.

Acompañó a la teniente de alcalde barcelonesa el eurodiputado de los Comunes Ernest Urtasun, que valoró la nueva propuesta comunitaria para atajar un «problema de alcance europeo» y confió en que el Gobierno español, que asumirá la presidencia semestral del Consejo en julio de 2023, dé «máxima prioridad a un texto lo más ambicioso posible», de modo que pueda acordarse durante esos seis meses.

Bruselas quiere que los propietarios de estos alojamientos especifiquen claramente ante las autoridades quiénes son, cuántas viviendas tienen y en qué lugar; un registro que se tendrá que poder hacer completamente en formato digital y tras el que se obtendrá un número de identificación.

La propuesta de la Comisión recoge que las plataformas de alquiler turístico tendrán que verificar aleatoriamente que los anfitriones han registrado correctamente sus viviendas y si muestran al público su número de registro, de tal manera que las autoridades podrán obligar a las empresas a eliminar las cuentas de quienes no cumplan estas exigencias.

Además, las plataformas tendrán que enviar a las autoridades una vez al mes y de forma automatizada los datos sobre el número de noches de alquiler y sobre los huéspedes. EFE

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