Boluarte dice que no permitirá intervención de Corte IDH contra amnistía en Perú

Lima, 31 jul (EFE).- La presidenta de Perú, Dina Boluarte, declaró este jueves que no permitirá la intervención de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) contra la ley de amnistía para policías y militares procesados por delitos cometidos durante el conflicto armado interno (1980-2000), aprobada recientemente por el Congreso y pendiente de ser promulgada por el Ejecutivo.

«No somos colonia de nadie y no permitiremos la intervención de la Corte Interamericana, que pretende suspender un proyecto de ley que busca justicia para miembros de nuestras Fuerzas Armadas, nuestra Policía Nacional y los comités de autodefensa, que lucharon arriesgando su vida contra la insanía del terrorismo», afirmó Boluarte.

La jefa de Estado respondió de esa forma a la disposición emitida la semana pasada por la Corte IDH de suspender el trámite de la ley de amnistía, aprobada el pasado 9 de julio por la Comisión Permanente del Congreso, escasos días antes del final del pasado periodo de sesiones.

Además, la Corte IDH fijó una audiencia pública para el próximo 21 de agosto, a la que convocó al Estado peruano, a los representantes de las víctimas y a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para evaluar la adopción de medidas provisionales en el marco de la suspensión del trámite de la amnistía.

Las acciones de la justicia interamericana corresponden al seguimiento de las sentencias por las matanzas de Barrios Altos (1991) y La Cantuta (1992), donde 25 personas, entre ellas un niño de 8 años, fueron asesinadas por el grupo militar encubierto Colina.

Ambos casos llevaron a que el fallecido expresidente Alberto Fujimori (1990-2000) fuese condenado en 2009 a 25 por años de prisión por crímenes de lesa humanidad en calidad de autor mediato (con dominio del hecho), así como varios integrantes del grupo Colina.

La amnistía aprobada por el Parlamento beneficia a miembros de las fuerzas de seguridad y comités de autodefensa que no cuenten con sentencia firme con calidad de cosa juzgada, que pudieran estar denunciados, investigados o procesados por delitos cometidos entre 1980 y el 2000.

Incluye también a las personas que cuenten con sentencia firme con calidad de cosa juzgada, o en trámite de ejecución, y hayan cumplido un mínimo de 70 años.

A raíz de la objeción de la Corte IDH, el Gobierno peruano manifestó, el pasado sábado, «su más enérgico rechazo» y se opuso a lo que, a su consideración, son «reiteradas disposiciones de la Corte que contravienen el derecho internacional».

Para el Gobierno de Boluarte, investigada por la muerte de 59 personas durante la represión a ola de protestas registrada a su llegada al poder, las directrices de la Corte IDH «no se desprenden de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en la cual recae el mandato que le otorgaron los estados a dicho tribunal».

«Perú reafirma el irrestricto respeto que demanda de su soberanía y de los propios principios fundacionales del Sistema Interamericano, particularmente el principio de subsidiariedad y el carácter complementario de la jurisdicción internacional, que reconocen el rol primario de los Estados en la garantía de los derechos fundamentales y la tutela de presuntas afectaciones a los derechos humanos», señaló el Gobierno.

«En esa línea, la Corte no puede sustituir a las autoridades nacionales (o imponerle acciones) sobre una materia que no ha sido conocida en sede interna, afectando no solo la soberanía del Perú sino debilitando el propio sistema», agregó.

La Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH), que ha acompañado y denunciado varios casos de violaciones durante el conflicto interno, sostiene que la amnistía «borra décadas de lucha por justicia y verdad» y apunta que más de 150 condenas y 600 procesos «están en riesgo».

El conflicto armado interno de Perú (1980-2000), desatado por el grupo maoísta Sendero Luminoso y el marxista Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA), fue una de las épocas más violentas del país, al estimarse que dejó unos 69.000 muertos, según el informe final de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación (CVR). EFE

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