Imponen inédita condena penal a un agente de la dictadura en Brasil
Río de Janeiro, 21 jun (EFE).- Un juez del estado brasileño de Sao Paulo impuso una inédita condena a un agente acusado de crímenes comunes durante la dictadura militar que gobernó Brasil entre 1964 y 1985, la primera sanción de este tipo en el ámbito penal, informó este lunes el Ministerio Público Federal.
Se trata de la primera condena penal en la historia de Brasil contra un exagente de la dictadura por su participación en la represión contra opositores y en la desaparición de un militante político, agregó el Ministerio Público en un comunicado.
La condena a dos años y once meses de prisión, inicialmente en régimen semiabierto, fue impuesta al comisario de Policía jubilado Carlos Alberto Augusto por el juzgado noveno penal de Sao Paulo, de primera instancia, que lo consideró responsable por la desaparición de un militante político ocurrida en 1971.
La imposición de la pena tras 50 años fue posible gracias a que los tribunales vienen admitiendo la tesis de la Fiscalía según la cual la Ley de Amnistía de 1979 no acoge a los responsables por delitos comunes y a que algunos de los mismos, como la desaparición o el secuestro, son imprescriptibles por tratarse de crímenes de lesa humanidad.
La Ley de Amnistía fue sancionada en 1979 por el general Joao Baptista Figueiredo, el último de los gobernantes de la dictadura militar, para permitir el regreso al país de los opositores que se exiliaron tras ser acusados de crímenes políticos, pero se extendió a agentes de organismos de represión igualmente acusados de diferentes delitos, entre ellos tortura, secuestro y asesinato.
Augusto, que puede permanecer en libertad mientras un tribunal de segunda instancia analiza los recursos contra su pena, fue condenado por su participación en la desaparición del ex fusilero naval Edgar de Aquino Duarte.
CONDENA POR DESAPARICIÓN DE UN MILITANTE POLÍTICO
La sentencia fue impuesta en respuesta a una denuncia presentada por el Ministerio Público contra tres de los acusados de la desaparición de Aquino Duarte pero el proceso contra los otros dos enjuiciados fue archivado tras sus muertes.
Uno de los acusados era el coronel de la reserva del Ejército Carlos Alberto Brilhante Ustra, acusado de varios delitos durante el régimen militar y que ha sido varias veces elogiado por el actual presidente de Brasil, el ultraderechista Jair Bolsonaro.
“Este es uno de los pocos casos relacionados con crímenes de la dictadura que avanzaron en la Justicia. La mayoría de las más de 50 demandas presentadas por el Ministerio Público en los últimos años fue rechazada o está paralizada en los juzgados de todo el país, en una violación de las normas y decisiones que obligan a Brasil a investigar y sancionar a los acusados de exterminar militantes políticos entre 1964 y 1985”, según el Ministerio Público.
El juez responsable de la condena aseguró en su sentencia que la responsabilidad del acusado está comprobada “más allá de cualquier duda razonable” gracias a documentos del Archivo Público del Estado de Sao Paulo y a diversos testimonios de testigos.
“Hay pruebas más que suficientes de que el acusado participó en la detención de la víctima y que actuaba en por lo menos uno de los locales en donde fue detenido ilegalmente”, aseguró el juez Silvio César Arouck Gemaque en su sentencia.
El magistrado agregó que ni en regímenes de excepción como el de la época es admisible que las fuerzas represivas del Estado estén autorizadas a la práctica de actos al margen de la ley.
Añadió que, antes de desaparecer, el militante fue sometido durante dos años a violencia, torturas y tratamientos degradantes en cárceles clandestinas.
“Lo que se espera de las fuerzas del Estado es el ejercicio legítimo del derecho de la fuerza y no la práctica de crímenes”, afirma la sentencia, que atribuyó el crimen al “sistema de terror” implantado para “arrestar sin mandato, secuestrar, torturar, desaparecer y matar personas por sus posiciones políticas”. EFE
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